Desde este viernes, las empresas Flecha Bus, Nuevo Expreso y Tata Rápido San José, todas del grupo Derudder, no podrán ingresar a la terminal de ómnibus de Gualeguaychú debido a una deuda de 80.000 pesos que mantienen con Rotonda Group, la administradora del lugar. La representante de esta última firma, Silvina Carré, dijo que iniciarán acciones judiciales y que no firmarán el nuevo convenio que estaba previsto en octubre.

“Aunque el trabajamos con cinco empresas del grupo Derudder, que son Zenit, Mesina, Flecha Bus, Nuevo Expreso y Tata Rápido San José, el conflicto se está dando con las tres últimas. Tienen una deuda de 80 mil pesos y es de la diferencia del canon anterior con el actual, corresponde a salidas de colectivos y depende del kilometraje, que son hasta 50 km, hasta 120 km y los que superan esa distancia”, señaló Carré.

De acuerdo con la representante, a principios de agosto la empresa Flecha Bus decidió comenzar a pagar el canon actualizado, pero no el alquiler de la boletería. Por su parte, Tata Rápido nunca aceptó el aumento del canon ni de la boletería, mientras que Nuevo Expreso aceptó el aumento de canon y no de boletería, pero los comenzó a pagar.

“La semana pasada estábamos por firmar el convenio por la deuda de 80 mil pesos, que pedí que paguen al contado por la inflación que hay. Luego pidieron cuotas y les ofrecimos tres, pero ahora quieren seis sin intereses. Sin embargo, no aceptamos porque terminarán de pagar en marzo, sin intereses, a pesar de que aumentaron los pasajes y nos acarrearon una serie de conflictos porque nos atrasamos en nuestros pagos y a nosotros sí nos cobraron intereses. Por lo tanto, decidimos que el viernes no entrarán los colectivos”, apuntó.

Además, Carré destacó que Mesina pagó correctamente, Flecha Bus pagó el canon hoy, mientras que Nuevo Expreso “se ofendió porque la situación salió a los medios y directamente no paga ni a precio viejo ni a nuevo. Desde Tata Rápido, que paga una vez al mes, hasta ahora no aparecieron, y seguramente no aparecerán”, manifestó.

El inicio del conflicto

“En el 2007, cuando fue el conflicto anterior, nuestros abogados y los de las empresas firmaron un convenio privado, donde se decía que, de acuerdo al sueldo de los empleados de comercio, el aumento de los pasajes y del consumo de energía eléctrica, se haría una fórmula que se aplicaría en abril y en octubre de cada año, sobre la que se fijarían los aumentos que tendría el canon de las empresas. El convenio se firmó y se fue cumpliendo con la protesta permanente de que éramos una terminal cara”, recordó Carré.

Sin embargo, el año pasado, cuando se fijó un nuevo aumento, las empresas se quejaron ante la persona que administraba la terminal en aquel momento, quien les perdonó el incremento: “Fue un gravísimo error, porque cuando se hizo el nuevo aumento ellos decidieron unilateralmente no pagar más, demorar el pagar, mandar cheques sin firma o abonar a precios históricos. Esto sucedió entre mayo y julio, hasta que nuestros abogados pidieron que se pongan al día”, rememoró.

“Las empresas insisten en que el canon es muy caro y piden firmar un convenio nuevo, pero de nada sirve porque no están cumpliendo el del 2007”, lamentó en declaraciones a APF.

Carré indicó que iniciarán acciones judiciales por la falta de pago de los 80 mil pesos. “Es evidente que quieren una soca y nosotros otra. Lamentablemente, si no pagan hasta el viernes, tendremos que llegar a esa instancia”, culminó.