La decisión de instrumentar un paro de actividades tiene que ver con la negativa del Gobierno a reiniciar las negociaciones salariales.

Agmer tomó la decisión en un congreso provincial (realizado el 16 de este mes) en el que determinó darle unos días de plazo al Gobierno para que haga una convocatoria. Al no obtener respuesta favorable, y ante dichos de funcionarios provinciales vinculados a la imposibilidad de otorgar un aumento de haberes, definió instrumentar 48 horas de paro y realizar una movilización.

En tanto, el sindicato que nuclea a los docentes técnicos decidió el viernes pasado sumarse a la medida de fuerza. Y lo propio hizo el gremio de los trabajadores de la educación que se desempeñan en establecimientos privados. Desde AMET aclararon que no participarán de la movilización de este lunes.

• Los motivos

Ante la falta de convocatoria del Gobierno, Agmer ratificó el lunes pasado (plazo que había impuesto al Ejecutivo para que convoque al diálogo) la medida de fuerza de 48 horas y la movilización.

En secretario Adjunto de la entidad, Alejandro Bernasconi, instó a los docentes a adherirse para mostrar “unidad del conjunto de los trabajadores a la patronal”.

“Necesitamos una huelga contundente y una movilización masiva” para exigir una recomposición salarial mayor al cinco por ciento, la devolución de los descuentos por días de huelga y rechazar el impuesto a las ganancias, señaló a APF.

La determinación de AMET de no reiniciar las clases “se decidió por mandato de las asambleas”, que ratificó lo que el congreso provincial de la entidad había determinado a principios de año”, cuando se declaró “insuficiente” la propuesta salarial del Gobierno y se había exigido al Gobierno que abra la discusión salarial para esta fecha, indicó a APF el secretario Adjunto Andrés Besel.

En tanto, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados informaron que la decisión de ir al paro se tomó luego de las declaraciones del gobernador Sergio urribarri que dio por cerrada la posibilidad de algún aumento salarial para los docentes, y ante la falta de respuesta al pedido de reapertura de la mesa de discusión salarial que se hiciera al ministro de Educación José Lauritto. A esto se suma la retención del Impuesto a las Ganancias.

La Unión de Docentes Argentinos (UDA) es el único sindicato docente que no se plegará a las medidas de fuerza, por lo que este lunes los trabajadores afiliados a la entidad gremial retomarán las clases.

El argumento que dio a APF la secretaria General, Mirta Raya, fue que se decidió “agotar todas las vías de negociación” posibles antes de “tomar una medida tan drástica como el no inicio de clases”.

• Se suman otros gremios

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se sumará a la movilización de este lunes, pero no así al paro de actividades. “Como integrantes de CTA vamos a acompañar la movilización”, señaló a esta Agencia el secretario Adjunto, Manuel Ramat.

En tanto la Comisión Ejecutiva de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Entre Ríos también definió acompañar las medidas de fuerza. “Manifestamos nuestro apoyo a las medidas de acción en reclamo de la apertura de una negociación salarial que incluya una mejora del piso salarial, hoy de 2800 pesos, pero además la derogación de la circular del Consejo de Educación que ubicó a ese organismo como agente de retención del Impuesto a las Ganancias, que ahora también deben tributar los docentes”.

En tanto, la CTA “Regional” Entre Ríos también convocó a los trabajadores a participar de la marcha de este lunes. Dijeron que la movida se inscribe en el plan de lucha que la Central viene llevando a cabo desde principios de año y, en tal sentido, dieron “la bienvenida a la lucha a los que se suman ahora y se dan cuenta que los trabajadores también tienen necesidades”.

• Descuentos

Tras conocerse la decisión de Agmer de ir al paro, el Concejo General de Educación (CGE) emitió una resolución por la cual dispuso el descuento de los días no trabajados por los docentes entrerrianos, según supo APF.

Si bien el organismo asegura que “no desconoce el derecho de huelga”, subraya que “de verificarse la no prestación del servicio laboral, corresponde no abonar remuneraciones por el tiempo en que los mismos han dejado de prestarse”.

En los considerandos de la Resolución Nº 2481 -que tiene fecha del 23 de julio y fue publicada el 25 en el Boletín Oficial- el organismo remarca que “el acceso a la educación es un derecho reconocido a todos los habitantes de la Nación, conforme lo establece el Artículo 14º de la Constitución Nacional y el Artículo 12º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre entre otras normas de jerarquía constitucional”.

Explica que “si bien esta Administración no desconoce el derecho de huelga, es un deber irrenunciable del Gobierno Provincial que las tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral reconocen un marco legal de consenso previsto por la Ley Nº 9.624 y normas presupuestarias vigentes”.

“Es lamentable que se reitere esta decisión”, afirmó el secretario Adjunto de Agmer, Alejandro Bernasconi, quien advirtió que a pesar de dicha disposición “la adhesión al paro va a ser muy alta”.

Consultado por esta Agencia si habrá alguna presentación formal por parte del gremio, el Secretario Adjunto informó que será “el repudio”. Bernasconi recordó en este sentido que “ya el sindicato ha realizado diversas acciones judiciales, algunas de ellas en curso”.

“Nosotros las vamos a mantener, lamentablemente muchas de esas acciones han fracasado, pero en principio va a ser el repudio y se estudiarán las alternativas posibles”, indicó el gremialista.

“Llevamos cuatro años de descuentos, pero insistimos en la legalidad del derecho de huelga y de lo ilegítimo que es que la patronal descuente esos días”.

En tanto, la titular de la Seccional Paraná de Agmer, Alejandra Gervasoni, también cuestionó la decisión del Ejecutivo, pero aclaró: “No nos extraña para nada esa medida, ya que cada vez que definimos una acción sale una resolución de estas características obligando a los trabajadores que tienen cargos directivos a ser el brazo ejecutor de las políticas de ajuste de este Gobierno”.

“Se trata de políticas menemistas que se vienen llevando a cabo desde hace años”, arremetió.

• Sin aumento

El ministro de Economía, Diego Valiero, fue el primer funcionario en descartar una posibilidad de aumento salarial. Dijo que el diálogo con los gremios “siempre está abierto”, pero descartó la posibilidad de que haya “algún tipo de aumento”.

“No hay excedentes para modificar lo que hoy tiene de costos instalado el Estado”, aseguró el funcionario, y sentenció como “no posible” una suba salarial para los trabajadores estatales provinciales para el segundo semestre del año.

Luego fue el ministro de Gobierno, Adán Bahl, el que salió a hablar y ratificó lo dicho por Valiero. “No existe la posibilidad de otorgar aumentos mágicamente”, aseveró.

“La provincia no es generadora de recursos extraordinarios, sino que atiende todas las erogaciones con ingresos que están presupuestadas y que tienen que verificarse a medida que el ejercicio va a desarrollándose. Por lo tanto no existe la posibilidad de otorgar aumentos mágicamente sino está garantizados”, apuntó el funcionario. Y agregó: “Eso sería darlo o administrar con absoluta irresponsabilidad. No lo hemos hechos ni siquiera en etapa de elecciones. Jamás hemos administrado de esa manera el gobierno”.

A su vez criticó el paro al decir: “Cuando uno hace un paro es una medida de última instancia en la que un trabajador lo hace para llamar la atención del empleador por incumplimientos graves o manifiestos. Es una herramienta de última instancia”, insistió. “Acá hay dos días de paro para empezar a hablar, lo cual es absolutamente desmedido y conspira contra la educación pública”.

Por su parte, el vicegobernador José Cáceres calificó como “desafortunada” la decisión de los sindicatos docentes de ir al paro y también descartó la posibilidad de una recomposición salarial para el sector.

Luego de los dichos en esta línea de varios funcionarios, fue el gobernador Sergio Urribarri el que se encargó de ponerle punto final a la posibilidad de que el Ejecutivo reabra la discusión salarial. “Es un tema que nunca estuvo en discusión”, aseveró