Mañana se cumplirá un mes. El 29 de agosto, cerca de las nueve de la noche, un empleado municipal descubrió que el portón del Palacio Belgrano estaba entornado. Llamó a un policía y, perplejos, supieron que alguien había entrado subrepticiamente. Poco tiempo después se sabría que los que entraron lo hicieron veinte horas antes de que el empleado viera por casualidad la puerta entreabierta. Y se llevaron casi 75.000 pesos que habían quedado en las oficinas. El escándalo del robo al corazón administrativo de la ciudad se coronó con los dos policías presos por intentar abrir una camioneta secuestrada y precintada. Que presuntamente guardaba en su interior 40.000 pesos, acaso parte de lo robado en el Palacio. A un mes de un robo audaz y emblemático, la investigación es hermética, no hay detenidos por el hecho, no existe información y sólo siguen detenidos los dos policías.

Los policías Ceferino Montesano y Juan Manuel Arouxet -jefe de calle de la comisaría Primera cuando se produjo el segundo episodio- son los únicos que están detenidos. En una cárcel de Coronel Vidal, Arouxet espera su destino con una causa caratulada como "malversación de caudales públicos".

Todo se desencadenó junto a la Eco Sport secuestrada en un allanamiento en la casa de Malvinas al 5000, allí donde Germán Lier terminó retenido por "resistencia a la autoridad": se puso muy nervioso cuando vio llegar a la policía. El vehículo que se le secuestró quedó precintado en la puerta de la comisaría Primera hasta que el Juez de Garantías autorizara su requisa. Esa noche un efectivo de la subcomisaría de Sierras Bayas, Ceferino Montesano, y la mujer de Lier fueron hasta la Primera en un Suzuki Fun, consiguieron la llave de la camioneta -que estaba en la guardia- e intentaron abrir la puerta de la Eco Sport. Todo salió mal y los dos fueron retenidos. Sin embargo, se supone que pudieron sacar el dinero de la camioneta: encontraron 40 mil pesos en el auto que manejaba Montesano.

No es ocioso recordar los detalles de esta historia: Lier quedó libre por la acusación de "resistencia a la autoridad". Pero parece convertirse para la investigación en uno de los principales sospechosos. Por eso la noticia de su libertad cayó pesadamente en ámbitos altos del Palacio San Martín.

La presunción es que existiría una banda ligada a otros hechos resonantes donde se sustrajo abundante dinero. Y que esas sumas abultadas tendrían un destino marcado: el negocio de la droga. En el que las connivencias parecen casi imprescindibles para llevar adelante ciertas maniobras delictivas y convertirse en intocable. La historia que se escondería -aunque nadie sabe hasta dónde la investigación avanzará- sería mucho más lúgubre y acaso hasta podría vincularse con la trama que quedó a la intemperie a partir del crimen del penalista Marcos Alonso.

Sin embargo, tanto desde el Municipio como desde las cúpulas policiales se insiste con la liviandad en el análisis de la participación policial: se trata, dicen, de algunos efectivos aislados y sueltos que no tienen nada que ver con la estructura de mandos.

La fiscalía que encabeza la doctora Viviana Beytía está esperando que lleguen los resultados de las pericias, de notable complejidad: se trata de entrecruces telefónicos, vínculos y datos de GPS, entretejidos informáticos que no es posible realizar en Olavarría.

Ayer trascendió que se le habría exigido a la fiscalía la devolución del dinero hallado en el Suzuki Fun y que fue secuestrado con la sospecha de que se trataba de una parte de los 74.500 pesos sustraídos del Palacio. La doctora Beytía denegó el pedido. Y existiría alguna manera de determinar, según se supo, el origen de los billetes.

Los testimonios son múltiples y ya declaró el suspendido tesorero municipal, Cristian Russo, cuyo sumario de 60 días ya lleva un mes de desarrollo.

Versiones sostuvieron que habrían encontrado cheques vencidos de la Municipalidad dentro del Palacio que no se habían depositado. Varios temas de similares características habrían generado el enojo profundo de las autoridades. Russo estaría al borde de quedar acusado de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Legalmente y a partir de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades, aseguran desde los estamentos ejecutivos, el tesorero es el único responsable de los dineros municipales.

Por otro lado, aún no se ha debatido sobre la falta de medidas de seguridad en un ámbito de tal importancia. Las cámaras internas fueron fácilmente sorteables para los delincuentes, no existen alarmas ni vigilancia los fines de semana. Un portón forzado para robar que se descubre veinte horas después está hablando de ciertos relajamientos en la seguridad del Municipio que tampoco son admitidos desde ámbitos oficiales.

La cifra de lo robado recién se conoció el lunes 30, cuando el contador Fernando De Marco, subsecretario de Coordinación y Ejecución Presupuestaria del Municipio hizo las cuentas. Y llegó a los 74.500 pesos.