El Frente para la Victoria calmó su feroz interna en la provincia de Buenos Aires, pero lejos está de levantarse la bandera blanca en el territorio donde el año próximo las elecciones definirán mucho más que las composiciones del Congreso nacional y del Parlamento bonaerense.

“Es un período de paz armada”, confesó en los pasillos de la Legislatura un diputado con terminal en la Casa Rosada. "Es una tregua silenciosa; silenciosa porque ellos no pegan pero tampoco atienden el teléfono”, ironizó un legislador de empatía con el sciolismo.

“Nos quedamos quietos y que todo fluya; no estamos en la mira y no nos vamos a poner nosotros, las cosas están mejor y no vamos a hacer que las vuelvan a complicar”, aseveró un funcionario de la Gobernación.

En medio de la tensa calma, que los kirchneristas auguran pasajera, todo se mide con la precisión de un calibre de Vernier; y cada decisión va atada a otra, y ésta, a su vez, relacionada con una tercera. La cadena llega a asuntos insospechados. Hay incluso demasiados temas importantes en discusión como para poder sostener la tregua.

Así, la reforma impositiva, que Daniel Scioli necesita para recaudar 1.200 millones de pesos más antes de fin de año, se ha convertido también en una pieza de negociación de alto contenido político hacia dentro del oficialismo y con sectores de la oposición. Hay quienes especulan con las necesidades financieras de la administración provincial para avanzar en proyectos ambiciosos de cambios profundos en otras áreas.

El Gobierno nacional está de acuerdo en la búsqueda de gravar con más firmeza a los sectores altos de la economía, como propone la nueva reforma impositiva de Scioli, pero la reforma debe contar con la venia del titular de Hacienda nacional, Hernán Lorenzino (es decir, de la Presidenta).

“Si Scioli avanza con los que más tienen, grava los pooles de siembra, incrementa la valuación fiscal de los countries y otras medidas de ese estilo, da pie para que Nación lo ayude; es un gesto de ésos que tanto se pidieron en los momentos de máxima tensión”, coinciden diputados y funcionarios. Esa visión optimista colisiona con la permanente desconfianza hacia el Gobernador existente en los encumbrados despachos de Balcarce 50.

Condenada por el retaceo de fondos nacionales a pagar sueldos y casi nada más, la administración bonaerense se ve obligada a dejar mellas en la gestión. “Tenemos que ingeniárnoslas para hacer cosas sin plata”, aceptan los ministros, con fastidio. Por eso esperan una devolución del gesto, aguardan ansiosos una ayuda extra, que por ahora sólo es un deseo.

Negociaciones en ese tono y pedidos específicos de Nación sobre el texto de la ley demoraron el envío de la iniciativa al Legislativo. “Hubo trabas, pero la ley va a salir”, confió un sciolista que reconoció las dificultades para consensuar el asunto.

Se extienden los interrogantes de hasta dónde los problemas económicos afectan más el futuro de Scioli que la imagen en declinación de la Presidenta, y hasta dón-de esa pendiente en las encuestas no comenzará a complicar las ambiciones del sciolismo.

Para acompañar otro retoque impositivo, la oposición pretende la renuncia al Pacto Fiscal por parte de la Provincia. De hacerlo, Buenos Aires tendría los 5.000 millones de pesos para solventar el déficit inmediato, pero no es una medida que Scioli, y mucho menos el kirchnerismo legislativo, estén dispuestos a concretar. El silencio del mandatario en este punto es parte del impasse.

Además, un sector intenta avanzar sobre la ley Electoral e instaurar el sistema D’Hont para las elecciones legislativas. El proyecto del Frente Amplio Progresista, impulsado por el diputado Abel Buil, cuenta con el beneplácito de otras bancadas opositoras, que lo ponen como condición para darle al Gobernador la herramienta necesaria con la cual pueda cerrar el año sin deberles, al menos, a los empleados estatales.

La idea de cambiar la forma de reparto de las bancas sería más resistida por el kirchnerismo que por el sciolismo. No obstante, el mandatario provincial no avalará nada capaz de molestar a los intendentes. Y, se sabe, los caciques prefieren el sistema de reparto actual al D’Hont. Saltear el escollo para contar con los votos opositores aparece ahora como un nuevo problema.

Tregua endeble

El nivel de virulencia del Gobierno nacional hacia el de la Provincia bajó súbitamente. Cristina Fernández ya no maltrata en público al Gobernador, ni lo reta con números en mano.

El vicegobernador, Gabriel Mariotto, apaciguó el tono de sus críticas a las políticas provinciales en áreas sensibles, como Seguridad y Justicia. Insiste públicamente y en privado que lo suyo no son, ni fueron, acciones tendientes a limar el poder del mandatario, sino “aportes para mejorar la gestión”. Advierte que seguirá haciéndolos, y deja siempre en claro que Cristina lo puso en esa función y ella es su única conductora.

La Cámpora atraganta embates contra Scioli en pos de “la orden de arriba”, pese a las molestias causadas a la organización por el cambio de conducción en la Dirección General de Cultura y Educación, por mencionar solamente un caso. El resto del kirchnerismo también guarda por ahora los viperinos comentarios que supo lanzar durante las batallas recientes. La estrategia de pegar no dio los resultados esperados y, aunque no se abandona la intención de dejar a Scioli fuera de la cancha en las legislativas y de la presidencial 2015, las peleas fratricidas quedaron por el momento suspendidas.

En rigor, esa suspensión depende siempre del poder central. En la Provincia la apuesta es continuar con la convivencia y dejar decantar la situación, primera regla (junto al diálogo sin confrontación) en el decálogo sciolista.

Los encuentros entre el Gobernador y su vice, y luego de éste con Alberto Pérez, dieron visibilidad al impasse. Scioli aportó lo suyo: reiteró que sus intenciones presidenciales sólo serán si no hay re-reelección, se mostró de acuerdo con un cambio constitucional habilitante para un nuevo período de Cristina, habló a favor del voto desde los 16 años y hasta anunció la impresión de los documentos provinciales en la estatizada Ciccone.

Gestos concretos, pero poco creíbles en el imaginario kirchnerista. “Lo dice sólo para quedar bien, pero su apuesta es a que Cristina no consiga la reelección”, suelen picanear los pingüinos.

Quienes hablan con la Presidenta, y luego cuentan algunas cosas a sus círculos íntimos, transmiten que la intención es permitir la gobernabilidad en la Provincia, pero limitarla con rigor, y dejar siempre en claro quién conduce.

De todos modos, flotan asuntos pesados, capaces de hacer estallar otra vez la batalla y herir de muerte a este proceso que ningún pronosticador se anima a mensurar en tiempo y espacio. Una guerra fría en la cual se muestran armas y aliados sin llegar al fuego cruzado, que, de todas maneras, permanece latente.

El gobierno bonaerense busca una salida consensuada para Ricardo Casal del ministerio de Seguridad y Justicia, que le permita dividir la cartera y premiar al actual titular con la Fiscalía de Estado. “Eso es lo que se quiere negociar con Nación, pero la accesibilidad está difícil”, comentó a La Tecla un legislador de consulta de Scioli.