El Ministerio de Trabajo dictó ayer la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) y el Rectorado. Lo hizo en medio de la puja de aumento salarial que reclaman más de 200 trabajadores.

Por unanimidad, APU decidió en una asamblea acatar la decisión de la cartera laboral. "Durante quince días nos comprometemos a no tomar medidas de fuerza. A cambio, la gestión no nos va a descontar los días de paro que llevamos a cabo", explicó a LA CAPITAL Marcela Fernández, secretaria general de la entidad.

El reclamo del personal no docente que trabaja en la Universidad fue hecho ante el rector Francisco Morea, que recibió fuertes críticas de los 235 empleados que encabezan el plan de lucha. "Cada vez que le llevamos una propuesta nos dice que no a todo. Tiene una postura inflexible", cuestionó Fernández. Y anunció que las partes volverán a sentarse a la mesa de negociación el próximo viernes a las 10 de la mañana.

De la audiencia realizada ayer participaron autoridades de APU y en representación de la Universidad lo hicieron Marcelo Galaverna, subsecretario de Relaciones Laborales, y Hernán Gómez, subsecretario de Administración Financiera. Luego de dictarse la conciliación, los trabajadores protagonizaron una manifestación frente al Ministerio, en pleno centro de la ciudad, donde hicieron sonar bombos y redoblantes y agitaron banderas con consignas alusivas a la recomposición salarial.

"El último aumento que tuvimos fue en octubre del año pasado. Seis meses después, con esos mismos sueldos y con la inflación real que hay, es imposible sobrevivir", aseguró Fernández. "Con sus ingresos, los compañeros de las categorías iniciales no cubren la mitad del costo de la canasta familiar, hoy por encima de los 4.500 pesos", agregó.

El conflicto llegó a su pico más alto cuando los trabajadores tomaron hace dos semanas una medida de fuerza de 48 horas que tuvo una adhesión que superó el 90%. "Luego de largas reuniones, la respuesta de la Universidad fue siempre la misma: un no rotundo", aseveró el secretario gremial de APU, Alejandro Puente.

Los empleados de la casa de altos estudios fueron más allá y cuestionaron duramente al rector. "Cuando fuimos al paro, les pidió a los jefes de cada área que realizaran el registro de asistencia. Nos quería atemorizar, pero la huelga no fue ilegal", dijeron.

A nivel nacional, los empleados de la Universidad reclaman a la federación una suba del 35 por ciento. "Tenemos que romper el techo del 20% que intenta imponer el Gobierno. No vamos a parar hasta conseguirlo", afirmaron desde APU.

En mayo del año pasado y en el marco de la paritaria nacional, la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios (Fatun) obtuvo del Estado un aumento del 8% que se implementó a partir del 1 de junio y del 7% desde el 1 de agosto. El incremento fue dispuesto en forma acumulativa y conformó un total del 15%. A ese porcentaje hay que sumarle una suba del 4,6% que Fatun había obtenido en abril, con lo cual la recomposición totalizó un 20% en 2009.