La Comisión de Transacciones definirá hoy cómo cobrarán los acreedores del Estado rionegrino. Los que no se anotaron antes del viernes deberán esperar partida presupuestaria.
La comisión de Transacciones precisará hoy el tratamiento que tendrán esos pasivos, que se estiman superiores a los 700 millones de pesos. Quienes no aceptaron esta posibilidad de cobro dependerán de las próximas asignaciones presupuestarias.
El mecanismo de Transacciones concluirá con un plan de cancelación en la última semana de setiembre, que contemplará entregas de títulos públicos. Antes del 8 de mayo cada cartera deberá remitir los expedientes para el análisis de la Comisión, que cuantificará el pasivo y realizará un listado de acreedores, que serán publicados antes del 22 de mayo.
La Comisión de Transacciones fue convocada para hoy a las 10 y, en otras cuestiones, tendrá que resolver en relación a ciertas indefiniciones para el tratamiento de esas deudas. Por caso, la reglamentación estableció la exclusión de acreencias inferiores a 50 mil pesos. Algo que no está resuelto todavía es si ese límite se adoptará por expediente o por acreedor.
Hasta ahora, otro criterio para un envío a la Comisión era que la fecha del servicio fuese anterior al 10 de diciembre pasado. ¿Qué ocurre con las facturas posteriores, algunas de enero, que comprenden contrataciones de diciembre?
Ese es otro punto que deberá resolver la Comisión, que conforman funcionarios y legisladores.
La revisión de esos pasivos permitirá cuantificar la deuda flotante del Estado. Por ahora sólo se conocía efectivamente que ese monto en Economía superaba los 400 millones, aunque luego se redujo a partir de ciertas cancelaciones de servicios esenciales.
Según la reglamentación, la provincia cumplirá propuestas de cancelación en la segunda quincena de septiembre, estimándose pagos en pesos, pero además con títulos provinciales a cuatro o cinco años.
La Comisión está presidida por el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, y está integrada por el ministro de Economía, Alejandro Palmieri; el secretario Legal y Técnico, Nicolás Rochas, y los legisladores Pedro Pesatti y Facundo López.
El cronograma –según el decreto N° 275– establecía que los acreedores deberían formalizar sus reclamos por cobro antes del 13 de abril ante las carteras solicitantes del servicio o bienes.
La normativa aclara que "las acreencias que no adhieran serán satisfechas" con las partidas que la Legislatura "destine anualmente". Además, la Justicia pide siempre que se agoten las instancias administrativas.
El organismo tendrá 15 días para su remisión a la Comisión. Luego, antes del 22 de mayo, publicará el listado de acreencias y hasta el 30 de mayo esos reclamos podrán ser observados por cualquier ciudadano.
A partir de su publicación en el sitio web del Estado provincial, la Comisión tendrá 60 días hábiles para analizar las solicitudes de las empresas, fijándose que el informe definitivo se conocerá en un plazo que no supere el 10 de septiembre. Se categorizará la deuda y se formalizarán propuestas de pagos antes del 24 de septiembre. (AV)
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