Son 15 iniciativas que el Gobierno provincial ya envió al Senado y que tomarán estado parlamentario el miércoles pero se tratarían recién en las próximas sesiones. Para el jueves el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, convocó al Consejo Provincial de Seguridad; un organismo de consulta, propuesta y contralor utilizado pocas veces y compuesto por funcionarios, representantes del oficialismo y oposición de la Legislatura provincial y representantes de intendentes. El gobernador Daniel Scioli espera que en ese ámbito haya mejores propuestas, "aquel que tenga un proyecto superador a lo que estamos haciendo, estamos abiertos" a recibirlo afirmó en el peor día de la familia Píparo.

Entre las medidas que se anunciaron en días anteriores quedó afuera la restricción a la circulación de motos en las zonas bancarias. Propuesta polémica y de difícil aplicación sobre todo en las grandes ciudades donde los bancos se confunden entre otros comercios. Sí ingresó el proyecto para que quede explícito en el Código Procesal Penal como medio de prueba en al Justicia las filmaciones y grabaciones obtenidas por los sistemas de monitoreo, incluidos las cámaras particulares y teléfonos del sistema de emergencias 911.

Vinculada directamente con las salideras bancarias esa fue la única medida, hasta ahora, que entró para ser discutida por los legisladores. El resto de las iniciativas, como la instalación de inhibidores de celulares, renovación de cámaras domo y mayor inversión en seguridad por parte de las entidades bancarias, fueron consensuadas directamente a través del Ejecutivo provincial con los representantes y los gremios bancarios.

El paquete que llegó al Senado provincial incluye la obligación de destruir armas de fuego a disposición de órganos judiciales con competencia residuales e incautadas por la Policía, la incorporación de subastas judiciales por medios electrónicos para evitar que los oferentes vayan con dinero en efectivo para pagar señas y comisiones y la modificación de tasas por los trámites que presta la Policía, como la toma de huellas dactilares para aquellos que se desempeñen en trabajos donde no pueden tener antecedentes o la inspección que los Bomberos realizan para habilitar comercios. Lo recaudado irá a un fondo para equipamiento y personal de seguridad.

Los 11 proyectos restantes tienen que ver con creaciones, prórrogas y modificaciones de competencia en juzgados, fiscalías y cargos en el ámbito del Poder Judicial. A través de ellos se crearán 201 nombramientos: 20 cargos de ayudantes fiscales, 20 de funcionarios letrados y 40 administrativos para el interior de la provincia, 63 cargos de agente fiscal, 45 defensores oficiales y 11 agentes fiscales y 2 defensores oficiales para el fuero penal juvenil.

También se establecerán 5 juzgados de Garantías y 2 de Ejecución Penal -en Bahía Blanca, Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, San Martín, Zárate-Campana y La Plata- y 8 juzgados de primera instancia en lo Civil y Comercial de los cuales 4 tendrán asiento en Mar del Plata, 2 en La Matanza y 2 en San Isidro.

Además otros tres proyectos readecuarán la competencia territorial de varios juzgados en distintos partidos, como el caso del tribunal de Garantías en Mar del Tuyú, de Trabajo y de cámaras en lo Contencioso Administrativo de La Plata y San Martín. De este último, se crearán 3 juzgados más.

Por último, el Ejecutivo también pidió a la Legislatura prorrogar por un año más la emergencia en la infraestructura edilicia del Poder Judicial, los traslados de juzgados de Garantías, Familia y Tribunal de Trabajo y el funcionamiento de los juzgados unipersonales de familia.