Recientemente, las autoridades de los Colegios de Técnicos y Arquitectos de la Provincia elevaron al intendente y al Concejo Deliberante una propuesta de modificación a la ordenanza 19.785, referente a los permisos de iniciación de obra y hoy comenzará el tratamiento en el ámbito de las comisiones. Los concejales analizarán el pedido en Obras y luego, en Legislación.

Los referentes colegiados justificaron la solicitud en la necesidad de “desburocratizar el sistema de control administrativo inherente al otorgamiento de permisos de nueva obra, para abreviar los plazos de gestión”.

Básicamente, el proyecto impulsa la modificación del artículo 2º de la normativa que, a su vez, reformó el Reglamento General de Construcciones y que rige actualmente. El mismo establece que “sin aprobar los planos de obra, pero efectuado el Control Técnico y conjuntamente con el formulario de Inicio de Obra”, el inspector notificará las observaciones, si las hubiere, “en un plazo máximo de tres días y autorizará el inicio de obra por un lapso de treinta días, el cual podrá ser renovado al vencimiento del mismo por igual período”.

Así, desde el Colegio de Técnicos y Arquitectos, proyectan que “con el solo requisito de ingresar documentación completa en la oficina de Obras Privadas”, se otorgue automáticamente el Inicio de Obra, “bajo exclusiva responsabilidad de los profesionales intervinientes”.

En esta línea, plantean la posibilidad de que este permiso no tenga plazo definitivo de vigencia y que, en caso de haber observaciones por parte del cuerpo de inspectores, el profesional “cuente con cinco días hábiles para realizar las adecuaciones correspondientes”.

Según entendieron los colegiados, estos cambios resultan necesarios a fin de “abreviar los plazos de gestión, optimizar los recursos municipales y beneficiar a los profesionales actuantes en dichas gestiones”.

También consideraron fundamental el “promover la presentación de obras a realizar, con el propósito de combatir la construcción clandestina”, al tiempo que esto permitirá “incorporar al catastro municipal la obra construida con mayor celeridad”. Asimismo, destacaron que “el control del ejercicio profesional es potestad de los Colegios profesionales” y que “la responsabilidad civil por la ruina total o parcial de una obra encomendada recae indefectiblemente sobre el profesional interviniente”.

En tanto, recordaron que el Reglamento General de Construcción, prevé el inicio de trabajos sin control técnico previo, ya que tanto el propietario como el proyectista pueden optar por asumir “las responsabilidades emergentes de la eventual falta de ajuste entre lo proyectado y las normas vigentes”, relevando así a la Municipalidad de todo compromiso en tal sentido.

Por último, recalcaron que las modificaciones se apoyan en la necesidad de “mantener, e incluso mejorar los índices de inserción laboral de las personas que desarrollan tareas dentro de la industria de la construcción”, ya que “la demora en la obtención de los permisos para iniciar las obras, en cualquiera de sus escalas, provoca un efecto contrario a este propósito”