Motorizado desde el Poder Ejecutivo, se debatirá hoy en la Cámara de Diputados una nueva ley para reemplazar a la actual Nº 5285, que regula el establecimiento y funcionamiento de los Parques Industriales en la Provincia.
La operatoria que se implementa hasta ahora al momento de crear un parque industrial, es que el Estado compra las tierras donde se lo instalará y es el encargado de concesionarla y administrarla a través de la creación de un ente autárquico para cada uno de ellos, con la sola excepción de Salta que fue delegada esa atribución a la Asociación Parque Industrial Salta (APIS), conformada por representantes de las fabricas radicadas allí.
Al momento de fundamentar esta determinación de actualizar la ley, el Gobierno argumentó "que es necesario implementar una planificación estratégica de desarrollo industrial a fin de salvar los obstáculos suscitados en los Parques Industriales. El proyecto tiende a optimizar los procesos administrativos y el manejo de los recursos; a abordar de un modo integral la problemática ambiental, resultando esencial coordinar políticas y cursos de acción con las industrias ya radicadas y a radicarse en los Parques y Áreas Industriales."
A su vez el proyecto propone la creación del Ente Único General de Parques y Áreas Industriales, como entidad autónoma, dotada de personería jurídica propia, con plena capacidad para actuar en lo relativo a la gestión, administración, coordinación y control de los Parques o Áreas Industriales de la Provincia de Salta.
Actualmente existen en el territorio salteño 6 parques, Salta, General Güemes, San Antonio de los Cobres creados hace varios años y los recientes de Pichanal, Mosconi y Rosario de la Frontera, pero ya existen varios proyectos en la Cámara de Diputados solicitando la creación de nuevos espacio destinados exclusivamente para la industria en distintos puntos de la provincia.
Procesos colectivos
Otro proyecto es el que presentó Manuel Santiago Godoy, para modificar artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, referidos a lo que se denomina "Procesos Colectivos".
En ellos se establecerá que el juez será el encargado de determinar la legitimidad del demandante para poder establecerse como representante de un colectivo.
Asimismo también deberá decidir si la acción colectiva persigue tutelar un bien social perteneciente a toda la comunidad y que la pretensión se focalice en la incidencia colectiva del derecho y no en el beneficio directo para el demandante.
Por último se establece la creación del Registro Único de Acciones Colectivas, donde se registrarán todos los procesos iniciados en los que se deduzca una pretensión colectiva.
Sin mercurio
Un proyecto que llega desde el Senado para su sanción es el que prohibirá el uso del mercurio en la atención de la salud, en el territorio salteño, por lo que se deberán descartar todos los termómetros y tensiómetros existentes en los establecimientos sanitarios.
Además se tratarán otros tres proyectos que establecen la venta obligatoria de motocicletas con dos cascos de seguridad, la creación de la Editorial Salta como Sociedad del Estado y por último prevenir y reducir residuos procedentes de eléctricos y electrónicos.
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