El estudio de las modificaciones a la Ley 26.364, que rige actualmente sobre la "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas", aún no encuentra consenso entre los legisladores, aunque en el Senado un proyecto ya tiene sanción. El 1º de marzo, se iniciará el período de sesiones y con él, se espera que se reanude el debate para una nueva Ley.
Actualmente, rige la Ley 26.364, denominada "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas", que fue sancionada en abril de 2008 y que, según algunos diputados, aún presentaría algunas deficiencias para combatir este delito.
El año pasado, el Senado dio sanción a un proyecto el 31 de agosto, que fue votado de manera unánime por 59 senadores, y que debe aún ser sancionado por Diputados. El proyecto plantea imponer una nueva definición del delito en cuestión, eliminando además “el consentimiento de la víctima” como causa para eximir de responsabilidad penal al autor del delito.
Además, la propuesta tiende a crear organismos nacionales para facilitar la búsqueda, asistencia y reparación del daño a las víctimas, y deja en claro que las víctimas también tendrán derecho, entre otras cosas, a recibir “asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito”, “asistencia psicológica y médica gratuitas”, “capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo”, y “protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al Programa Nacional de Protección de Testigos”.
Estos cambios fueron elaborados en base a iniciativas presentadas por los tucumanos Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio Mansilla, la formoseña Adriana Bortolozzi, la puntana Liliana Negre de Alonso, el chaqueño Roy Nikish, y el salteño Juan Carlos Romero.
En Diputados
Entre las modificaciones reclamadas, se destaca la creación de un programa nacional de prevención y atención a las víctimas de trata de personas, la creación de un número telefónico para denuncias y el agravamiento de las penas
Otros proyectos presentados en Diputados tienen que ver con la creación de un registro de personas perdidas y desaparecidas en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación; y la prohibición y regulación de avisos clasificados que favorezcan el reclutamiento de personas y su oferta sexual.
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