Las integrantes de la ong Las Juanas de Mar del Plata reflejaron su beneplácito por el decreto presidencial que prohíbe los avisos de oferta sexual en medios gráficos, anuncio que consideraron importante como corolario de la lucha del movimiento de mujeres.

No obstante, expresaron que esa iniciativa, que esperaba ser tratada en el Congreso de la Nación, “constituye una medida aislada teniendo en cuenta que no existen políticas nacionales de prevención de la trata y que el Programa de asistencia a las victimas sobrevive con un magro presupuesto, deficiente para cubrir las necesidades de las personas rescatadas de la explotación”.

Sobre la eminente modificación de la Ley de prevención y sanción de la Trata de personas (sancionada en 2008 y aun sin reglamentación), consideraron necesario que se modifique lo relacionado a la atención de las victimas, a los fines de que se realice un seguimiento real y comprometido, que deberá entenderse como una política de Estado y comprender no sólo cuestiones asistenciales, sino también atender a la inserción social de las mismas, posibilitándoles el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la capacitación laboral.

“Por otro lado, es fundamental la modificación sobre la diferenciación entre personas mayores de edad y menores de edad respecto del consentimiento prestado, dejando determinado de manera expresa y clara la imposibilidad de que el mismo constituya causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa”, agregaron.

En otro párrafo se refirieron a los resonados casos de clausuras de y allanamientos en distintas “wiskerias” de la ciudad, como el de “La Posadita”. Sin embargo, pese a la proliferación de estas clausuras, remarcaron que “poco y nada se sabe acerca de lo que ocurre con las víctimas rescatadas que habían sido obligadas a ejercer la prostitución en estos lugares o de las medidas tomadas con los prostituyentes”.

“Una rimbombante visibilizacion de lo realizado por Inspección General y la Policía, que no se correlaciona ni de cerca con las políticas asistenciales y de prevención. Así, en general, el resultado de estos operativos es la victimizacion de las mujeres `rescatadas´, quienes son enviadas generalmente a sus países de origen, sin alternativas laborales ni abordaje psicológico y los dueños de los privados siguen libres, abriendo mas lugares de esclavitud”, subrayaron.

Ante lo espuesto, desde Las Juanas aseveraron que la inexistencia de políticas públicas y la connivencia que existe entre el poder político y policial que impide el desmantelamiento real de estas redes, denota claramente la falta de compromiso por parte del Estado nacional y municipal con esta compleja problemática, incumpliendo de esta forma el compromiso con los distintos tratados internacionales y protocolos celebrados, entre ellos el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas”.

Así, un Estado que mira para otro lado o que toma medidas aisladas “para las cámaras”, se convierte en cómplice de la más grande violación a los derechos humanos de nuestros días, concluyeron