El panorama pinta de mal para peor, pero sin el superávit de la ANSeS luciría mucho más desequilibrado y si a la ANSeS se le restan los recursos que capta de las provincias, lo que entraría en rojo profundo sería el sistema jubilatorio. Un juego parecido ha salido a escena, con las demandas abiertas o soterradas de algunos gobernadores .

En 2011, el resultado primario del Tesoro Nacional –sin computar pagos de la deuda– arrojó un déficit de $ 17.600 millones y sólo cerró con signo positivo gracias a los 22.700 millones aportados por la ANSeS. Las diferencias relativas son todavía mayores en 2012.

Con la deuda incluida, las cuentas escalan a un déficit enorme y no hay ANSeS que valga. Pero el punto, hoy, son los recursos que toma de las provincias: sencillamente, porque allí manda el ajuste fiscal .

En ese paquete, compartido con el gobierno central, entran el 15 % de la coparticipación, poco más del 10 % del IVA y 20 % de Ganancias. También, tajadas parciales o completas de los gravámenes a los bienes personales; a las naftas y los combustibles; al monotributo y al impuesto sobre los cigarrillos.

Es el llamado financiamiento tributario, que sostiene el sistema previsional y alimenta las políticas oficiales . Representa alrededor del 40 % de los ingresos del organismo: casi $ 83.000 millones el año pasado.

Este modelo viene del tiempo cuando la arquitectura jubilatoria había sido descalabrada por la privatización de Menem–Cavallo. El punto es que el esquema perdura sin cambio alguno, pese al traspaso al Estado nacional de los aportes y del fondo de capitalización de las AFJP .

Ningún gobernador propone recuperar todo, porque explotaría el sistema. Se trata, simplemente, de poner sobre la mesa el 15 % de la copartipación que el Estado les retiene desde hace 20 años, gracias al Pacto Fiscal acordado con las provincias.

El primero en salir al ruedo fue José Manuel de la Sota: además de llevar a la Corte Suprema el pleito por los $ 1.040 millones que la ANSeS adeuda a Córdoba, logró que la legislatura sancionara una ley que libera a la provincia del Pacto Fiscal. Lo hizo urgido de recursos y, a la vez, para presentarse como una alternativa al kirchnerismo desde adentro del PJ.

Gobernada por el socialismo, Santa Fe le reclama $ 1.300 millones a la ANSeS. Y el radical Ricardo Colombi acaba de anunciar que Corrientes también evalúa apartarse del Pacto Fiscal.

Acomodándose a los humores de la Casa Rosada, varios mandatarios kirchneristas advirtieron que no acompañarán la movida de De la Sota. Pero si el bloque K logra mantenerse sin fisuras, el batifondo puede sonar por otros lados : “El 15 % será, seguro, una bandera que levantará la oposición”, dice un especialista que está al tanto de los ahogos provinciales.

Una prueba de que ya hay río revuelto asomó el miércoles pasado, cuando el Senado trataba el nombramiento de la nueva procuradora General.

El pampeano Carlos Verna, presidente de la Comisión de Coparticipación y aliado oscilante del oficialismo, planteó abrir un debate sobre el reparto de los recursos nacionales: contaba con el apoyo de legisladores opositores, pero la mayoría K frenó en seco el intento.

Existen razones de peso y de pesos. Cada cual a la medida de sus necesidades, prácticamente todas las provincias han subido la presión impositiva : Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y la Ciudad Autónoma aumentaron Ingresos Brutos o están a punto de hacerlo.

La decisión implica costos políticos y el riesgo de pegarle a la actividad económica propia, pero puede más el agujero fiscal. Y pasa, encima, que el Gobierno retacea fondos para obras públicas: de los $ 15.000 millones que había presupuestado, apenas les giró unos 3.000 millones.

Es otra manera de transferirles el ajuste a los gobernadores .

Así se explica que el 15 % haya salido a escena. Según la consultora Economía & Regiones, este año significará unos 23.600 millones de pesos, esto es, alrededor del 80 % del déficit fiscal del conglomerado provincial.

Va de suyo que si hubiesen recuperado el 15 %, los ajustes habrían sido menos duros. Para todo el mundo, porque las provincias son el territorio nacional .

En realidad, el planteo por los fondos de la ANSeS tuvo campo propicio en 2008, cuando fue aprobada la estatización previsional y se mantuvo en pie un modelo de los 90 y del tiempo de las AFJP. Entonces, nadie levantó la voz .

Las cuentas provinciales venían desbarrancando hace rato, pero ahora desaparecieron algunos factores que ocultaban el problema. Con una economía que se enfrió, los recursos por la coparticipación no crecen como antes, los ingresos propios son insuficientes y, además, el Gobierno recorta fondos imprescindibles. Mucho, para presupuestos en los que el 80 % de los costos está encadenado a un proceso inflacionario inflexible.

El actual era un desenlace anunciado . Y en el revoleo sobre la calidad de las gestiones habría que reservarle un lugar al Gobierno.

Lo que no cambió es el cuadro estructural: un muy desigual reparto de los ingresos nacionales en contra de las provincias, fuentes de financiamiento de las que ellas carecen, como el Banco Central y la ANSeS, y, al final, la caja que el poder central administra a su manera. Definición ya acuñada, el unitarismo fiscal .