Desde el comienzo mismo de su gestión, en diciembre de 2015, hasta su retirada en el 2019, la administración de Nicolás Ducoté al frente de la intendencia de Pilar estuvo manchada de escándalos, denuncias y acusaciones de diversa índole, que fueron desde la compra de votos a través de microcréditos hasta la vinculación con el narcotráfico colombiano, pasando por malversación de fondos públicos y otras causas por corrupción.

Durante el único mandato que duró su gestión, el esposo de la ex funcionaria K y dueña de Chequeado, Laura Zommer, acumuló doce causas penales, la mayoría de ellas vinculadas a la malversación de caudales públicos. Fue entonces que la municipalidad de Pilar recibió un triste record: fue allanada dieciséis veces por la Justicia.

Una de sus primeras denuncias fue por distribuir alimentos en mal estado a los alumnos de los distritos más vulnerables. Lejos de la realidad del casco céntrico de Pilar, las escuelas de la periferia recibían alimentos vencidos, viejos y hasta con gusanos, a pesar de que pagaba por un menú nutritivo para los más chicos.

Poco tiempo después, otra denuncia impulsó a la Justicia a investigar a Ducoté por irregularidades en el otorgamiento de microcréditos durante su campaña electoral. Para ello, el entonces intendente creó un organismo llamado Empresa Estatal de Vivienda y Hábitat de Pilar, que actualmente está siendo investigado en el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay por la compra de votos.

Llamativamente, los programas de microcréditos sólo funcionaron durante el 2017 y el 2019, los años electorales. En los audios que actualmente tiene el juzgado, se lo escucha al propio Ducoté asegurar que se entregarán microcréditos, chapas, ladrillos y artículos de corralón a cambio de votar por él. Incluso quedó involucrada una mujer de nombre Giselle, quien entregaba además colchones, frazadas, y hasta registros de conducir.

Por otra parte, los propios beneficiarios denunciaron que gran parte de esos microcréditos ni siquiera llegaron a sus bolsillos. En una inexplicable maniobra, el dinero se iba de las arcas de la empresa estatal creada por el intendente, pero se perdía en el camino a sus destinatarios.

Los manoseos a las arcas públicas fueron tan groseros que la Justicia dispuso una medida cautelar para que Ducoté y su jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone, “se abstengan de disponer de los fondos de la Tesorería del municipio”.

En el juzgado federal de Zárate - Campana, el ex intendente se encuentra investigado por la causa de los basurales, que se inició en abril de 2019 cuando el ex concejal Gabriel Lagomarsino lo denunció por el incumplimiento de la ley nacional de Residuos Peligrosos. Específicamente, el municipio utilizaba una cava ilegal de más de 10 metros de profundidad para arrojar allí los residuos. La irresponsabilidad de Ducoté, acorde al expediente, “podría haber contaminado incluso el acuífero Puelche, que corre 20 metros por debajo de la cava”.

El ex intendente Ducoté también se encuentra investigado a raíz de una denuncia de la ONG Ambientalistas Autoconvocados, que aseguró que existía una connivencia entre la administración de Pilar y una papelera. Según la investigación, el ex intendente suspendía sistemáticamente los intentos de inspecciones que se le realizaban a la planta. Curiosamente, las trabas del intendente a las inspecciones llegaron luego de un cuantioso aporte que los dueños de la empresa realizaron para la construcción del edificio de la nueva maternidad de Pilar.

Las denuncias continuaron acumulándose en el despacho del por entonces intendente. Meses después, se supo que Ducoté contrató de forma directa a la asociación civil Creando Familia y Futuro por 1.169.000 pesos. Según la fiscal Virginia Toso, que investiga el caso, la ONG era “fantasma”. Sólo tenía dos direcciones que correspondían a un departamento vacío y a la casa de dos artistas callejeros que no conocían nada de la firma.

En el mismo 2019, Ducoté fue denunciado por desviar 15 millones de pesos para obras en el barrio Peruzzotti. A pesar de que los fondos fueron pagados a la empresa Tordel, las obras fueron terminadas a un triple del valor, según consta en la documentación municipal. Algo similar ocurrió con el barrio Monterrey, desde donde desaparecieron otros 10 millones destinados a obras públicas.

Pocas semanas antes de finalizar su mandato, cuando la derrota ante el candidato kirchnerista Federico Achával era un hecho, Ducoté aumentó súbitamente la plantilla de empleados en un 58 por ciento, lo que obligó al municipio a aumentar sus erogaciones hasta la suntuosa suma de 134 millones de pesos mensuales.

En una auditoría ordenada por la oposición, se supo que nombró a más de 1.300 nuevos empleados, incluyendo a su ex secretaria privada, lo que hoy implica todo un dolor de cabeza para una gestión que debe administrar los escasos fondos municipales en medio de una pandemia y la consiguiente caída de la recaudación.

A pesar de haber sido beneficiado con el parate que la Justicia lleva adelante a propósito de la cuarentena, se espera que en las próximas semanas Nicolás Ducoté sea llamado a indagatoria para responder a las preguntas que sean necesarias, con el objetivo de llevar algo de justicia a todos los damnificados de las múltiples causas que lo rodean.