El inesperado desalojo suscitado en las instalaciones donde funcionaba el geriátrico "La Plaza", ubicado en Congreso primera cuadra, no reparó en ninguna clase de apetencias humanitarias, pues, a cuatro días de producido tal hecho, los ecos de la irracionalidad todavía siguen marcando los ajados rostros de algunos abuelos, privados de las mínimas condiciones necesarias para una supervivencia digna.

De los 56 adultos mayores radicados hasta el lunes en este lugar, cinco restaban ser reubicados en nuevos hogares, de los cuales, al menos dos personas demostraban serias dificultades en su estado de salud, seriamente deteriorado. Por un lado, una abuela necesitaba ser intervenida quirúrgicamente en el día de ayer, por lo que se dudaba de concretarse tal intervención, dado el contexto de desaprensión reinante en el lugar. Mientras que, por otro lado, uno de los internos debió ser asistido de manera urgente luego de una severa descompensación en sus facultades físicas y psíquicas, según lo manifestado desde la Defensoría del Pueblo. Incluso, la institución debió requerir la asistencia de las fuerzas del orden para tratar de controlar el desequilibrio demostrado por este abuelo, imbuido en un estado de nerviosismo por la alarmante situación acaecida.

Cabe recordar que el desalojo se llevó adelante de manera intempestiva por parte del propietario del lugar, quien no manifestó ningún tipo de argumento que promueva una coherente justificación al respecto. Toda comunicación oficial y formal estuvo limitada a la simple emisión de una Carta Documento enviada a los familiares de cada uno de los abuelos internados en el geriátrico, en cuya misiva se establecía un exiguo plazo de 48 horas para determinar una localización final para sus familiares.

Además, de acuerdo a lo estipulado por el Defensor del Pueblo, Jorge García Mena, (cuya repartición debió actuar en el caso ya que recibió denuncias particulares de algunos parientes de los abuelos, molestos por la situación) el estado de las instalaciones era de un abandono total, ni siquiera pudieron recavar datos administrativos ni fichas que aludan a referencias de los pacientes. Por otra parte, en cuanto a las condiciones edilicias referidas a las habitaciones de los internos y, en especial a los sanitarios, las mismas reflejaban un aspecto caracterizado por el descuido y falta de mantenimiento. Así también, las prestaciones médicas eran nulas, en tanto que la alimentación brindada a los abuelos era deficiente o inadecuada ( basada en frituras, grasas y harinas) para su salud y edad si se tiene en cuenta que había casos de personas que padecían de diabetes.

Vale también señalar que, al tratarse de una institución privada, los "viejitos", en su gran mayoría, debían erogar la casi totalidad de sus jubilaciones y pensiones, pues la cuota mensual a pagar se tipificaba en el orden entre los 1.600 y 2.000 pesos. En muchos casos, la erogación debía ser sustentada por un adicional brindado por los familiares directos, pues el monto percibido por esta clase pasiva rondaba, en promedio, los 800 pesos.

En cuanto a los empleados del lugar, de los 25 iniciales en las tareas, 10 se resisten a la concreción del cierre, ya demuestran su malestar ante la incógnita que depara su situación laboral (indemnizaciones) pues se desempeñaban de manera precaria con sueldos que no superaban los 250 pesos semanales. Incluso, debieron abonar, de sus propios bolsillos, la suma necesaria para costear el alimento que necesitaban los internos desde el momento del desalojo en adelante.