La ordenanza original les exigía adaptarse a ley de Tránsito, abandonar las excepciones y pasar a la órbita de la AMT.
Desde las 10.45 hasta alrededor de las 12 de ayer, miles de personas no pudieron llegar adonde querían, en el momento que habían planeado, debido a la protesta de alrededor de un centenar de transportistas quienes con sus furgones cortaron la avenida Paraguay, en tres puntos distintos.
El motivo de la imprevista crisis urbana en horario pico fue, según los propietarios, el riesgo inmediato a perder sus fuentes laborales: el transporte de escolares primarios y secundarios en los vehículos utilitarios adaptados para llevar alrededor de 30 chicos, desde sus hogares hasta la escuela. Eso, ante la imposibilidad -adujeron- de cumplir con las medidas de seguridad que establece la ley.
Frente al ingreso del Centro Cívico Municipal, en el cruce de la Paraguay con la Joaquín Castellanos y en el tramo de la avenida que llega desde el sur y se une con la Tedín, los vehículos blancos con franjas naranjas interrumpieron el tránsito, logrando que -por ejemplo- en este último sector, la fila de automotores alcanzara una extensión de casi dos kilómetros.
Los propietarios de los transportes y los choferes instalaron su “base” de operaciones frente al ingreso peatonal del Centro Cívico Municipal, en la avenida Paraguay al 1.200. Allí manifestaron la imposibilidad de cumplir con la norma municipal que los obligaba a instalar tacógrafo (medidor de velocidad y kilometraje), butacas y cinturones de seguridad individuales en las unidades de transporte escolar.
Pese al frío polar, los ánimos de manifestantes, automovilistas y pasajeros de colectivos elevaban su temperatura mientras los policías tironeaban los neumáticos que pretendían ser quemados y los agentes de tránsito intentaban poner orden.
Polémica ordenanza
La ordenanza 13.895 de la Municipalidad de Salta, del 10 de junio de este año, establece que el plazo para modificar los vehículos a fin de adaptarse a las normativas vigentes se cumplía el 2 agosto. Sin embargo, en el mismo texto se menciona que el 31 de diciembre de este año es el plazo para realizar el convenio entre el Ejecutivo municipal y su par provincial con el objetivo de colocar a los transportes escolares en la órbita de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), dirigida por Adriana Pérez.
“La confusión surgió porque en la misma ordenanza (13.895) se mencionan dos fechas de plazo”, explicó la secretaría de Gobierno municipal , Gisella Moreno, a El Tribuno. “Cuando la norma llegó al Ejecutivo municipal se decidió vetar los artículos 2 y 3 (refieren acerca del plazo para presentar las modificaciones en los vehículos), pero por algunas confusiones los transportistas pensaron que quedarían sin trabajo. Afortunadamente, pese a la medida que afectó a tantas personas, todo se pudo solucionar entre las partes”, sostuvo la funcionaria.
Reunión y solución
Ni bien se inició el conflicto en la avenida, los funcionarios municipales llamaron a reunión al representante de los transportistas, el abogado Santiago Pedroza y algunos delegados del sector.
Alrededor de las 12, el acuerdo estaba cerrado y el conflicto superado. Gisella Moreno informó públicamente que los transportistas escolares continuarán dentro de la órbita municipal hasta el 31 de diciembre; a partir de esta fecha pasarán a ser controlados por la AMT, organismo que deberá dictar un reglamento de readecuación para el servicio.
Del mismo modo, se aclaró que las medidas de seguridad para los chicos no serán exigidas durante este año, sino a partir del próximo.
En Primera Junta rebalsan las letrinas
A 400 metros de la entrada al basural, en el extremo sudeste de la ciudad de Salta, se encuentra el barrio Primera Junta. “Todos nos prometieron las cloacas, pero nadie cumplió hasta ahora y por eso tenemos 136 letrinas rebalsadas”, relató Sonia Cachagua, presidenta del centro vecinal.
“Como es imposible vivir así, el jueves pasado nos reunimos con Juan Osorio (encargado del camión atmosférico de la Municipalidad), para pedirle que limpie los pozos ciegos. Nos prometió que nos enviaría la solución, que sería un camión privado porque el municipal estaba roto. Pero nos quedamos esperando”, relató.
“El viernes por la tarde vino un rato y limpió 5 pozos, el sábado un poco menos y así nos quedamos. Hoy (por ayer) nos prometieron que vendrían por la tarde, por eso estamos aquí, porque si no cumplen, no vamos a dejar pasar a los camiones (recolectores de residuos)”.
Por su lado, Mario Cuello, secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad, sostuvo que “pedimos una partida a Hacienda para arreglar nuestro camión”. El funcionario estimo que en “tres o cuatro días se resolverá el problema”.
¿Cuánto costará ir a la escuela?
De acuerdo con los propietarios consultados, los cambios en el sistema del transporte escolar obligarán a realizar cambios en las unidades que encarecerán el servicio.
“Ahora se cobra entre 100 y 150 pesos por asiento desde un barrio al centro, por ejemplo, llevando entre 25 y 30 chicos, pero con las nuevas normas, además de la inversión, sólo se podrá llevar a la mitad, entonces el asiento va a costar de 300 a 400 pesos”, sostuvo uno de los dueños de los furgones.
“Los propietarios comprenden que tienen que brindar mayor seguridad y comodidad, lo que se cuestionaba eran los tiempos, como también el órgano de control, que hasta ahora es la Municipalidad y desde el año próximo será la AMT”, contó el abogado Santiago Pedroza, representante legal y vocero de los propietarios de los transportes escolares.
Seguridad en la calle
En realidad, todo surge a fines del año pasado cuando la Municipalidad, tanto por sus órganos legislativos como ejecutivos, decidió adherir a la ley nacional de tránsito (24.449) y adecuar sus normas al texto.
Si bien la ley fue redactada para garantizar la seguridad en las calles y la vía pública, tanto para conductores de automotores como de peatones y usuarios de transporte público, las exigencias resultan caras para los propietarios de vehículos usados o, como en este caso, furgones modificados para transportar decenas de escolares.
DATOS
“No es nuestra intención que (el transporte escolar) sea más caro, sino más seguro. La adhesión a la Ley Nacional de Tránsito es una buena noticia”, dijo Moreno.
Los vehículos utilitarios usados para transportar escolares vienen de fábrica con seguridad, que se pierde al hacerse modificaciones para llevar chicos.
Los propietarios ahora tienen tiempo hasta diciembre para hacer los cambios previstos en la ordenanza. A fin de año pasarán a órbita de la AMT.
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