Después de 20 días de pelearse por los medios por la designación de conjueces, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo harán un cese al fuego y mañana se sentarán a dialogar. En principio, ninguna de las dos partes estaría dispuesta a resignar posiciones.

El pedido de audiencia con la firma del ministro deGobierno, Mario Adaro, ingresó el jueves pasado al Palacio de Justicia. Tan sólo 24 horas más tarde, el funcionario de Celso Jaque tenía la respuesta en su poder. Alejandro Pérez Hualde, presidente del máximo tribunal mendocino, aceptó el convite.

La charla girará en relación a la posibilidad de trabajar en una nueva legislación que contemple todas las alternativas posibles en la designación de jueces interinos, con el fin de evitar, a futuro, este tipo de situaciones conflictivas.

Así quedó de manifiesto en el escrito que la Suprema Corte envió al Ejecutivo, vía el secretario de Gestión, Javier Fenollar y recientemente al Senado, en respuesta a un pedido de informes que emanó de la Cámara alta.

En el último documento, que consta de 13 carillas, el tribunal hace explícita la necesidad de contar con una ley que contemple "los casos excepcionales".

"Esta Suprema Corte es consciente de que siempre es posible mejorar el procedimiento empleado. Para ello solicitamos que nos brinde el instrumento legal que permita optimizar el sistema de cobertura provisoria de estos casos excepcionales que la realidad, siempre más rica que nuestras previsiones, nos ha colocado enfrente".

Fuentes judiciales confirmaron la reunión de mañana y aseguraron que desde la Suprema Corte "siempre hubo intención de dialogar con todos los poderes y no entrar en el conflicto".

En tanto, Adaro reconoció a Los Andes que "en la última carta que envió el Poder Judicial se mencionó que estaba la voluntad de trabajar en un proyecto de ley a futuro y queremos ver de qué se trata. Una ley para cubrir mejor las vacantes", explicó el funcionario gubernamental.

La batalla mediática entre ambos poderes (Ejecutivo y Judicial) la inició el Gobierno a principios de este mes. En el Ejecutivo denunciaron "serias" y "graves irregularidades por parte de Pérez Hualde, en el nombramiento de 3 funcionarios judiciales. Desde la Suprema Corte siempre hablaron de "priorizar el servicio de justicia".

Pese a este impasse, todo indica que ninguno tiene intenciones de dar el brazo a torcer. "No es una negociación. No vamos a ceder en nuestro planteo de que den vuelta atrás con las designaciones", remató el ministro.

Desde la Suprema Corte retrucan: "La Sala Administrativa ha actuado con toda transparencia, dentro de la ley y con la mejor intención de asegurar el servicio de justicia".