Adjudicar en forma directa la licitación, dar por aprobada la ordenanza que fue votada en la última sesión del Concejo Deliberante. En la Municipalidad de Neuquén analizan todas las posibilidades ante un escenario cada vez más adverso.

La presión del gremio de la UTA, la amenaza de la empresa con dejar de prestar el servicio a fines de este mes y la incertidumbre de miles de personas que no tienen otro medio que el colectivo para trasladarse por la ciudad son cuestiones de mucho peso que se agregan al complicado panorama político que se vive en la principal ciudad de Neuquén, tras la ruptura de la coalición.

Para colmo, Farizano está apurado también por los tiempos que le corren para que comience la licencia obligatoria debido a su candidatura a la reelección.

Allegados al jefe comunal aseguran que el lunes o a más tardar el martes, debería estar solucionado el problema del transporte, aunque se reconoce que esa solución inevitablemente generará otro tipo de dolores de cabeza.

Los apuros del intendente son entendibles. Además de todas las presiones ya comentadas, tiene que asumir el timón de la municipalidad el presidente del Concejo Deliberante de Neuquén, Néstor Burgos, quien –más allá de su buena voluntad- no va a querer tomar ninguna decisión determinante y seguramente polémica alrededor del transporte.

Las dos opciones más viables pasan por la adjudicación directa de la adjudicación, a través de un decreto.

Dentro de la Municipalidad razonan que por cuestiones de fuerza mayor y teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial, no se puede cuestionar legalmente un medida de estas características. El tema es por cuánto tiempo sería esa concesión directa y si la empresa Indalo la acepta en esos términos.

La firma ya envió una dura carta a Farizano en la que le comunica que dejará de prestar el servicio en la ciudad de Neuquén a partir del 30 de septiembre (ver aparte), si no se resuelve la fallida adjudicación.

La otra posibilidad que se analizaba en reuniones del edificio de Roca y Rioja era dar por aceptada la ordenanza que terminó con 8 votos a favor y 3 en contra, interpretando que con una mayoría simple de avales (no agravada) es suficiente para otorgar el servicio.

Se reconoce que la oposición al actual sistema iría a la Justicia a reclamar, pero se solucionaría en lo inmediato un problema que en la actualidad es una papa caliente en manos del Ejecutivo municipal.