Finalmente en la ciudad de Córdoba el transporte ya es un servicio esencial por lo que, atento a lo establecido en la norma, en días de paros deberá circular el 30 por ciento de los colectivos. Sin embargo, esta resolución que quedó establecida ayer tras la aprobación del Marco Regulatorio en el Concejo Deliberante, para muchos es una simple expresión de deseo que no podrá llevarse a cabo debido al grado de inconstitucionalidad que reviste. Al menos así lo interpreta una parte de la oposición y el gremio aludido: la UTA. Desde allí insistieron con que recurrirán a la Justicia cuando la Municipalidad intente poner en marcha el artículo que obliga a los empresarios a diagramar un esquema de guardias mínimas para los días de huelgas.

Se nombró Víctor Lorenzo a la Sala de Comisiones

El Concejo Deliberante de la Capital cordobesa aprobó ayer el proyecto de ordenaza para nombrar Víctor Lorenzo, un ex concejal peronista desaparecido durante la última dictadura militar, a la Sala de Comisiones de la sede parlamentaria. La iniciativa fue impulsada por el concejal Esteban Dómina (Frente Cívico) y fue aprobada con el voto de los integrantes de todas las bancadas. Se trata de un homenaje a Lorenzo, quien militaba en la Juventud Peronista y fue asesinado por la dictadura militar cuando era concejal en ejercicio de esta Capital, electo el 11 de marzo de 1973 como integrante de la lista del Frejuli.

De todas maneras, hay que aclarar que si bien el contenido del Marco será al que deberán ajustarse los pliegos de licitación de todo el sistema (deberán ser presentados en 90 días), a los fines prácticos el transporte como servicio público esencial y de alta prioridad recién podrá implementarse en abril-mayo del año próximo. Estos plazos se desprenden de que recién en tres meses llegarán los pliegos al Concejo, se trata de documentación que por el grado de complejidad que contendrá, demandará un largo debate legislativo. Discusión que, a su vez, se verá interferida por el receso estival. Además, para su aprobación requiere doble lectura y audiencia pública. Así, según los tiempos estipulados desde el propio oficialismo y considerando que el Marco comenzará a regir junto al nuevos esquema de transporte ya licitado, el carácter de servicio esencial podrá exigirse recién desde el año próximo.

Defensa y crítica

La nueva normativa fue aprobada ayer en general con 22 votos a favor (UCR, UPC y FC) y 7 en contra (bloque Eva Duarte y Peronismo que Viene). Al justificar el proyecto enviado desde el ejecutivo y modificado por el bloque oficialista, Adrián Casati presidente de la comisión de Servicios Públicos dijo: “El Marco Regulatorio responde a una visión total de movilidad en nuestra ciudad, asegurando la prestación del servicio del TUP en forma permanente y eficiente, promoviendo políticas públicas de ordenamiento del tránsito. El TUP deberá funcionar las 24 horas durante los 365 días del año, declarándolo servicio esencial ya que es universal, continuo, permanente, sustentable y masivo, cubriendo las necesidades de movilidad de los usuarios”.

Desde la otra vereda, la titular del bloque Eva Duarte, Olga Riutort, consideró: “Una barbaridad jurídica declarar al transporte como servicio esencial, cuando es una competencia exclusiva del Congreso Nacional, más allá de que nos gustaría que así fuera. Al igual que creer que una ordenanza puede modificar un acta acuerdo entre la UTA y Fetap referida a la jornada de trabajo que determina el número de choferes por unidad”.

A su turno, desde Unión por Córdoba el concejal Carlos Mercado aseguró que “el Marco Regulatorio nos enfrenta a la toma de decisiones en uno de los cinco conglomerados más grandes del mundo y se hace necesario una regulación cuidadosa, debiendo garantizar que la inversión pública al TUP se distribuya de manera eficiente y equitativa. Acompañamos al Ejecutivo, en general en este proyecto, para que provoque el cambio que gestiones anteriores no pudieron o no quisieron hacer, para mejorar la vida de los cordobeses”. Mientras que para prestar el apoyo de su bancada a la iniciativa, el edil Esteban Dómina solicitó que quedara expresamente asentado que los pliegos de licitación enviados dentro de 90 días de aprobada esta ordenanza, deberán acordarse con la misma.