La Secretaría de Transporte de la Nación citó a funcionarios y empresarios de todas las provincias para informarlos sobre la aplicación del sistema SUBE en el interior del país. El encuentro se hará el 2 de febrero.
La Secretaría de Transporte de la Nación citó en Buenos Aires para el 2 de febrero a funcionarios y empresarios de las provincias. La convocatoria tiene como objetivo informar a todo el mundo sobre la aplicación del sistema SUBE de colectivos en el interior del país, según indicó ayer el secretario de Transporte local, Diego Martínez Palau.
Esta reunión ha generado una gran expectativa en el gobierno de Francisco Pérez y entre los empresarios de AUTAM, dado que daría pautas sobre la continuidad de los subsidios del Estado Nacional al transporte público en la provincia. Pistas que hoy nadie tiene.
El gobernador Paco Pérez arrancó su gestión con anuncios de subas del boleto (de 1,40 a 1,80 pesos, se pensó en principio) pero una advertencia nacional lo frenó en seco: desde la Nación informaron que quien subía la tarifa en cualquier servicio podía perder el subsidio nacional, que es el resguardo para evitar que el pasaje trepe a cifras mucho más altas.
Lo que el Gobierno provincial intuye ahora es que la Nación generará un cambio de sistema en el que los empresarios dejarán de recibir la millonaria ayuda nacional (hoy tienen un descuento en el gasoil y plata por cada unidad en la calle), la cual será traspasada directamente al usuario.
El efecto directo de esto sería la eliminación de la tarifa generalizada: los pasajeros subsidiados pagarían menos que los que no tienen subsidios. La gran pregunta es cómo se implementará la nueva medida y cuál será su impacto. Y en este sentido, de un lado y del otro del mostrador, nadie sabe nada.
Negociación. El secretario Martínez Palau indicó ayer que, después de la reunión del jueves próximo en Buenos Aires, "nos sentaremos con los interesados para ver cómo avanzamos en la negociación".
Esta negociación tiene en vilo a AUTAM: el Gobierno ya anunció que podría modificar el contrato de concesión, que asegura las ganancias de los dueños de los micros a través del sistema de kilómetro recorrido. El gobierno de Pérez en cambio quiere de ellos "más compromiso con el servicio", que deja rentas millonarias, pero no ha avanzado para no contradecir los planes del Gobierno Nacional en materia de transporte.
Mientras tanto, la Secretaría de Transporte de la provincia se ocupa de hacer retoques que, de todos modos, no son menores, por el impacto enorme en los usuarios.
Desde que asumió Pérez, el nuevo gobierno viene negociando mejoras en la venta y recarga de la tarjeta Red Bus con la nueva operadora del servicio, la firma francesa Atos, que adquirió el paquete accionario de Siemens, la operadora original, según informó ayer diario El Sol.
Atos se ha comprometido a duplicar los escasos puestos de atención de Red Bus (iría de los 240 actuales a por lo menos 500) en uno o dos meses y tiene en carpeta otros plan ambicioso: que haya todo tipo de mecanismos alternativos para cargar el acrílico, hasta incluso "tarjetas descartables" (ver aparte).
La gestión de Siemens al frente de Red Bus fracasó porque los kiosqueros y dueños de negocios chicos reciben muy poca ganancia por vender y cargar la tarjeta. Pero según el secretario Martínez Palau, ATOS trae otra perspectiva porque la tarjeta para el micro será un "negocio adicional dentro de un paquete más amplio" de servicios, que incluiría la recarga de tarjetas para teléfonos celulares.
El funcionario aclaró, además, que Red Bus es similar a la tarjeta SUBE que el gobierno de Cristina quiere nacionalizar. "Ese sistema es tecnológicamente idéntico al de nosotros. Los sistemas y las tarjetas son compatibles", señaló.
Comentá la nota