Se han mantenido reuniones entre representantes de entidades que nuclean a los trabajadores del sector y la Secretaría de Servicios Públicos.

Las dos medidas que se estudian con efervescencia son aumentar las multas casi un 100%, llevándolas a $10.000 para quienes sean detectados trabajando sin habilitaciones y licencias en una primera instancia.

Como así también denunciar penalmente a quienes reincidan. “Esto permitiría terminar con el problema”, aseguró en su evaluación de las medidas estudiadas Víctor Carabajal, titular de la Unión Propietarios de Autos de Alquiler.

El lunes habrá una nueva reunión que, por primera vez, buscará consenso entre los trabajadores y los ministros de Infraestructura y de Gobierno, más el secretario de Seguridad.

Las nuevas medidas se aplicarían mediante la modificación del artículo que establece sanciones por incumplimiento en la Ley de Transporte de Personas de la provincia.

Actualmente la legislación estipula para los reincidentes sólo multas y los montos no superan los $600.

Control insuficiente

Son más de 1.400 los taxis y remises ilegales en la provincia. Pero la Dirección de Tránsito y Transporte tiene sólo dos inspectores en la calle para controlar a todas las movilidades.

“Apoyamos la medida a ojos cerrados, pero es necesario que el organismo de contralor también eficientice los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ley”, analizó Carabajal.