"La transparencia en la designación de Jueces del Tribunal Superior de Justicia está garantizada; la derogación del decreto 1620 no implica, bajo ningún concepto, que se cercene, se altere o menoscabe la participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes tanto del Alto Tribunal como del Fiscal General, del Defensor General y del Asesor Tutelar del Ministerio Público", sostuvo el subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, al referirse a la norma que adelantó adnciudad.com (ver nota), defendida también por el diputado Gerardo Ingaramo (ver nota).

"El régimen propuesto por la Ciudad para la designación de integrantes al Tribunal Superior de Justicia evita la superposición de acciones que se daba entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo", afirmó Presti.

"Por otra parte -acotó el Subsecretario del Ministerio de Justicia de la Ciudad-, conforme a cómo quedó resuelto el conflicto de poderes planteado en oportunidad de la designación de la candidata del Ejecutivo al Alto Tribunal, quedó perfectamente establecida la potestad del Poder Ejecutivo de elevar a la Legislatura para su tratamiento la candidatura de los integrantes a las máximas instancias judiciales".

"Debe darse por descontado -agregó el funcionario porteño-, que al momento de elevarse cualquier propuesta para cubrir las máximas instancias judiciales, el Poder Legislativo contará con todos los elementos de juicio necesarios para debatir la idoneidad del candidato propuesto, su compromiso con la democracia y los Derechos Humanos, sus declaraciones juradas de bienes y su situación impositiva".

"Cualquier ciudadano u organización que quiera apoyar o impugnar al candidato sugerido por el Poder Ejecutivo de la Ciudad para ocupar un cargo en las máximas instancias judiciales podrá hacerlo sin problemas ya que están previstos los mecanismos para tales circunstancias", finalizó Presti.