La fruticultura, que genera en Río Negro un 20% o más de su Producto Bruto Geográfico, se encuentra atravesando una situación difícil. Esto no es nuevo, pues ya hemos tenido, sobretodo durante las temporadas previas al 2003, tiempos conflictivos, malas cosechas, bajos precios con tipo de cambio retrasado, disputas por la distribución del ingreso frutícola, cuestiones relacionadas a los costos o a la ausencia de líneas de crédito para atender tanto cuestiones coyunturales como estructurales.

Pero existe un dato no menor y que no posee tanta antigüedad como las cuestiones intrínsecas de esta actividad locomotora de la economía. Desde la sanción provincial de la ley 3611 del 2002 de Transparencia del negocio frutícola, complementada luego por las subsiguientes 3993 del 2005 de Contractualización Frutícola y 4186 de 2007 que regula el proceso de Clasificación aparece un concepto novedoso que se suma a las muchas variables que sustentan la producción frutícola: la transparencia.

Con dichas normas se buscó, básicamente, que la relación entre los productores primarios y aquellos empacadores y/o comercializadores fuese regulada y protegida y que además existiera un precio mínimo o de referencia que cubriera los costos de producción. Por supuesto que, en cada caso, para quienes adhirieran, existirían beneficios impositivos.

En el comienzo esas normas fueron muy cuestionadas por los integrantes más integrados y concentrados del negocio, con el argumento neoclásico típico de la interferencia del Estado en la economía. Luego, hubo si se quiere, una suerte de indiferencia de las mismas. El que las quería cumplir las cumplía y el que no lo justificaba de alguna manera. Ni siquiera los beneficios impositivos les modificaba la visión del tema.

Pero comenzaban los años buenos y mientras existían ganancias, la rueda del negocio continuó girando. Pero cuando aparecieron nuevamente los problemas, ya sea por menores precios (pocos casos), incrementos de costos o dólar planchado o recesión en Europa, nuevamente aparecen aquí las tensiones al interior de la cadena y se vuelve a poner la mirada en el tema de la transparencia del negocio.

El costo de referencia calculado por la Universidad, el INTA y demás instituciones técnicas, era sostenido con vehemencia por los productores y denostado por los empacadores y exportadores. La provincia instaba a que se firmaran contratos para poner blanco sobre negro en el negocio.

El Plan Frutícola

A posteriori, todos los integrantes de la fruticultura regional, con la provincia como ariete, se encontraron en una mesa común y parieron el Plan Integral Frutícola, un verdadero trabajo de participación y debate con todos los actores que concluyó en el que, hasta la fecha, es el plan de trabajo de mediano y largo plazo más ambicioso en la historia de la fruticultura. Si cada uno hacía su parte ganaba la fruticultura. Éste plan, por lo menos en lo formal, existe y no es poco lo que la provincia luchó para que se concretara pese a que hoy, después de su parálisis por cuestiones políticas menores y de clientelismo puro, haya dirigentes que sostienen que “Río Negro no posee un plan para la fruticultura”. No es justa tal afirmación.

Hoy existe algún retraso del tipo de cambio respecto al dólar e inflación de costos, pero no malos precios, el euro que crece y los mercados se sostienen. La cosecha pasada hubo menos fruta pero no al punto en que algunos empresarios hoy quieren hacernos creer. Se exportó un 12% menos que el año anterior pero los ingresos cayeron cuatro veces menos que dicha cifra.

Sin embargo, se corta la cadena de pago a los productores, se reclama una nueva baja de retenciones (cuando de la anterior, la producción primaria no vió un centavo) y se describen Apocalipsis económicos que nunca son tales para quienes los profetizan.

No se entiende que todos los integrantes del negocio deben tener armonía y equilibrio para que el producto final satisfaga a todos. Y en esto, la transparencia es clave.

Ya es hora de terminar con los eternos subsidios directos que son pan para hoy y hambre para mañana; porque si se subsidian precios a los que se ayuda es a los que ganan siempre.

La transformación económica y social del sector sólo puede sobrevenir de la mano del Plan Frutícola Integral y de la mayor transparencia del negocio. Tan es así que, en la última reunión de la Mesa Nacional de la Pera y la Manzana se afirmó que la solución de fondo del problema es la sanción de una ley Nacional de Transparencia comercial y seguridad jurídica. La Nación asume por primera vez dicha necesidad para establecer un mejoramiento del precio que recibe el productor primario, el eslabón más débil del negocio. Que nunca nadie distorsione su realidad y los estafe.

En fin, que la participación del Estado en la economía, desde un rol activo y que hace a una democracia capitalista moderna, garantizando marcos jurídicos y regulando más que subsidiando, es esencial para una economía regional principal como es la nuestra. Un Estado que contribuya a crear ciudadanía plena de derechos para los más desfavorecidos.