Claro está, no todo puede ser color de rosa en una provincia de complejo entramado social. Proyectos estratégicos a mediano y corto plazo sin definición a la vista, diferendos por las dificultades habitacionales siempre vigentes y contrapuntos por la implementación de algunas políticas públicas que hacen al aparato económico local, también consitaron gran parte del interés público en estos primeros meses.

En este escenario de claros y oscuros, se puede abordar uno de los debates más intensos de nuestros días con derivaciones en la órbita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene que ver con el rol del Estado, las comunidades originarias, el respeto por el derecho de estas y las posibilidades de generar mejores condiciones de vida a partir de la exploración y explotación de reservas de litio en plena Puna.

INTERNAS SALEN

A LA SUPERFICIE

Información más transparencia, una fórmula irremplazable ante la necesidad de derribar prejuicios.

La audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para abordar los planteos de una parcialidad de las comunidades originarias de Tumbaya y Cochinoca, no hizo sino poner al desnudo la dispersión de los fundamentos y las severas diferencias internas que enfrentan ciertos pobladores aledaños a la zona, para la que se encuentran en estudio proyectos de exploración y explotación del litio.

Es que la convocatoria por parte del Supremo Tribunal fue esclarecedora de ciertas “realidades” que no pueden ser pasadas por alto a la hora de abordar desde los diferentes sectores involucrados (Gobierno, empresas interesadas y comunidades), con seriedad, racionalidad y responsabilidad, las alternativas de desarrollar en torno a las salinas de nuestra Puna, emprendimientos que aprovechen en beneficio de los jujeños, la riqueza del territorio.

Como se difundió, bajo la mirada atenta del tribunal, encabezado por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y de sus pares, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt, expusieron por un lado, Liborio Flores y la Dra. Alicia Chalabe, en nombre del sector disconforme, y Rosana Calpanchay, como referente de comunidades que se auto presentaron como “propietarias de sus tierras” y dijeron aprobar el modo en que el gobierno provincial viene abordando el proceso en danza en aquella zona.

La audiencia, que fue pública y pudo ser seguida en vivo, con total garantía de transparencia, en una transmisión por Internet mediante CIJ TV, el canal de la Corte en la web- sirvió para confirmar, en una primera mirada al tema, que:

Las comunidades que elevaron el reclamo, no pudieron precisar ni enfocar su planteo. Prueba de ello fueron las insistentes consultas con vistas a comprender la petición, reclamadas desde el estrado por el juez Lorenzetti, presidente de la Corte, quien pidió precisiones sobre cuáles serían los beneficios para las comunidades si fueran consultados por la modalidad que ellos mismos reclaman. O por qué razones en la misma audiencia se encontraban presentes, un número importante de representantes de comunidades originarias que dijeron haber sido no sólo consultados, sino participantes activos de las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos propuestos.

DESINTEGRADOS

La explicación no tardó en llegar. Y fue de boca de Liborio Flores, que se conoció las divisiones que surgieron en su comunidad. “Nuestro pueblo está desintegrado”, definió con laconismo norteño.

Tampoco tuvieron contundencia las afirmaciones respecto de “salares manchados” y “agua dulce afectada” que se escucharon en la audiencia. Fue el juez Maqueda, quien solicitó ampliaciones en base a estudios concretos que estén demostrando el grado de “contaminación” o “impacto negativo” que podrían estar experimentando los salares.

Así fue que el planteo original de las comunidades que presentaron el amparo, por el que se derivó en la audiencia, quedó desenfocado y desnaturalizado de sus cauces originales. Algo que se confirmó con la disconformidad evidente de la abogada del sector, al término de encuentro, cuando calificó de “dura” la audiencia y dijo interpretar que la Corte tomó el reclamo con un cariz ambiental y no vinculado al derecho de consulta que estima debería haberse implementado.

Sobre este último punto, fue el fiscal de Estado, Alberto Matuk, quien colocó el debate en sus cauces, al brindar fundamentos respecto de que el proceder del gobierno provincial, que en todo momento se ocupó de aclarar que aún no tomó decisiones sobre el tema, en nada se viene apartando de lo postulado en la normativa provincial vigente.

Hay pedidos de empresas para la exploración de litio y el gobierno jujeño los tiene bajo análisis. “Pero para darles curso está previsto consultar a las comunidades”, garantizó.

En otro tramo de la audiencia, tuvo lugar la exposición de Rosana Calpanchay, referente de sectores que reclamaron que “se respete el derecho a la autodeterminación de las comunidades”. Expresó además que con el auge del litio ven una posibilidad de lograr un desarrollo sustentable.

Aseguró que el gobierno de Jujuy entregó los títulos propietarios de tierras “de las que no queremos irnos”, definió y ratificó que “se nos consultó respecto de la prospección y exploración de litio”.

DEFINICIONES POLITICAS

Para el Estado provincial, las reservas minerales que contengan litio son consideradas un recurso natural estratégico, de hecho durante la gestión de Walter Barrionuevo emitió una declaración en tal sentido, patentizada en el Decreto 7592/11. De allí también la decisión de crear el Comité de Expertos para el análisis integral de los proyectos de litio, orientados a exploración y explotación. En consecuencia, los proyectos de exploración y explotación minera de litio serán aprobados o rechazados por resolución conjunta del Ministerio de la Producción y la Secretaría General de la Gobernación, previa intervención de la Dirección de Minería y recomendación favorable del Comité de Expertos, todo ello a los efectos de preservar un recurso natural no renovable que debe constituirse en una fuente generadora de valor agregado local y de participación e inclusión laboral de los jujeños, que implique un crecimiento sustentable en el desarrollo socio económico.

Inclusive el gobernador Eduardo Fellner, en reciente mensaje a los jujeños, pronunciado en oportunidad de la inauguración del 151º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, confirmó que volcará su gestión hacia una minería racional, que genere riqueza genuina, que se comprometa con el medio ambiente y que respete a los originarios. Y esta contundente definición tendrá que ser asimilada por las empresas que operan en nuestra Puna, más allá de sus urgencias y de su malestar o impaciencia.

También vertió conceptos a favor de una pronta definición administrativa de los proyectos de explotación y explotación bajo análisis, de modo de poner en funcionamiento los desarrollos técnicos y financieros que vienen concretando los emprendedores, ocupando los espacios que en forma particular para el carbonato de litio se abrieron en el mundo.

DESICION EN CAMINO

La decisión de la Corte está pendiente. Pero lo que ya se puede palpar es que el plato de la balanza, el símbolo de la Justicia, comenzó a equilibrarse y que el lazo que, a modo de venda, cubre los ojos de la imagen que la representa, comenzó a correrse lentamente. Todo esto alienta la esperanza de que impere uno de los efectos esperados para una sociedad mejor informada: Que se derriben los prejuicios y que, mancomunados, sus integrantes pasen a la acción dejando a un lado los intereses particulares teniendo como horizonte el bienestar general.