Después de 13 años de sancionada la ley de protección de los derechos del niño y del adolescente, el gobierno provincial instrumentó la ayuda prevista para que se aplique en las ciudades mediante la firma de convenios por los que transfirió 2,1 millones de pesos a los 56 municipios, excluyendo al de la ciudad de Neuquén donde hay asistencia directa de la cartera de Desarrollo Social.

La vicegobernadora Ana Pechen presidió la firma de los convenios ayer en un acto que se realizó en la sede de Cordineu en el Paseo de la Costa e indicó que la transferencia de fondos por el último trimestre del año se deberá aplicar a financiar la aplicación de leyes de protección integral de Niñez y Adolescencia, Nº 2302, violencia familiar, Nº 2785, personas con discapacidad, Nº 1634 y 2644, y adultos mayores, Nº 2743.

La subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Encarnación Lozano, puso de relieve el esfuerzo de las carteras de Economía y Desarrollo Social, destacó el funcionamiento del consejo de la niñez y remarcó que los municipios deben ser responsables en el uso de estos fondos, rendirlos en tiempo y forma de manera de recibir su renovación.

Garantizó que el año próximo las partidas están incluidas en el presupuesto. Recordó que en la década pasada hubo sectores que plantearon la derogación de la ley en obvia alusión a la política que se pretendió aplicar en la gestión de Jorge Sobisch (ver aparte).

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Rodríguez, dijo que hubo una descentralización de la atención a los niños y que sólo funcionó un convenio con Cutral Co que quedó desactualizado, por lo que ahora se aplicará un coeficiente que tendrá en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población, la cantidad de habitantes y los recursos con los que cuentan los municipios.

Su par de Economía, Omar Gutiérrez, reseñó que este año llevó adelante convenios con los municipios que fueron exitosos como el mantenimiento escolar, la compra y distribución de leña, la armonización tributaria y la bancarización de los programas sociales que se manejan con la tarjeta Crecer.

Pechen –a cargo del poder Ejecutivo- reivindicó la transparencia del proceso y remarcó la importancia del trabajo articulado entre el gobierno provincial, municipal y organizaciones civiles para atender los temas.

Revalorizó el rol de la ley 2302 y recordó que durante mucho tiempo, no se destinaron fondos para la aplicación de la norma y hubo sectores que quisieron derogarla.

Además, remarcó que durante el año 2011 se radicaron 5 mil denuncias de violencia familiar en la I Circunscripción Judicial, de las cuales el 80% fueron efectuadas por mujeres. Y mencionó que muchos de los casos denunciados no llegan a la instancia de tratamiento.