Tras un debate de ocho horas y media, la Cámara de Diputados cerró un capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y el porteño en materia de transporte: convirtió en ley el traspaso del servicio de subterráneos, el Premetro, el tranvía de Puerto Madero y 33 líneas de colectivos al ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Con 162 votos a favor, 54 en contra y 18 abstenciones, la Cámara baja logró sancionar el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso a raíz de la intención del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, de dejar sin efecto el acta acuerdo firmada el pasado 3 de enero apelando a la falta de recursos económicos.

Tal como se había visto en el plenario de comisiones de este martes, cuando se emitieron los dictámenes, el debate en el recinto estuvo marcado por recurrentes apelaciones a la Constitución y críticas a las políticas tanto de Macri como del Gobierno nacional en materia de transporte.

Para la sanción de esta ley, el oficialismo contó con la ayuda de sus bloques aliados: Unión Peronista, Nuevo Encuentro, Córdoba Federal, el Frente Cívico por Santiago y el Movimiento Popular Neuquino.

El macrismo, que había ido al recinto con dictamen propio, no pudo concretar sus intenciones de incluir también en el traspaso la transferencia de la policía, la competencia del juego, inmuebles ferroviarios y foros de la Justicia, entre otros servicios, con sus correspondientes recursos, además del transporte.

Además del PRO, votaron en contra el Frente Peronista, Patricia Bullrich (Unión por Todos), la Coalición Cívica y el Frente Cívico cordobés, que siguió los pasos del Senado.

El Frente Amplio Progresista fue dividido: el socialismo se abstuvo -tal cual lo hizo su líder en el Senado, Rubén Giustiniani-, con la excepción de Roy Cortina, quien había presentado su propio dictamen y votó en contra.

El GEN, que había firmado el mismo dictamen que el FAP en el Senado, también se opuso. Unidad Popular, bloque liderado por Claudio Lozano, se abstuvo, ya que tenía su propio proyecto. Lo mismo hizo Proyecto Sur.

Al igual que sucedió en la Cámara alta, el radicalismo acompañó con su voto en general el despacho del Frente para la Victoria, pero se diferenció de sus senadores votando en contra del artículo referido a la transferencia de los colectivos.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo señala que "corresponde" a Buenos Aires "ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel subterráneos y Premetro; de transporte automotor y de tranvía, cuya prestación corresponda al territorio de la Ciudad Autónoma", con lo cual la transferencia no incluiría los recursos afectados.

Este fue el punto de mayor disidencia entre los bloques parlamentarios, ya que desde la oposición sostuvieron que toda transferencia debe hacerse con los recursos correspondientes, de acuerdo al artículo 75 de la Constitución.

El texto establece que dentro del plazo previsto en el acta firmada en enero, que es de 90 días, se efectivizará la culminación del proceso de transferencia.

EL DEBATE

Roy Cortina: "Esta transferencia forma parte de la agenda del recorte del gasto que quiere imponer la Presidenta y por eso hace alarde de un falso federalismo, para justificar falazmente que no está dispuesta a reasignar a favor de la Ciudad los recursos correspondientes, tal cual lo ordena la Constitución nacional. El Jefe de Gobierno se apuró a decretar un tarifazo y claudicó en la defensa de la autonomía porteña, para después dar marcha atrás con argumentos pueriles, como si pudiera desconocer después de cuatro años de gestión, las malas condiciones en las que se viaja y la inseguridad que sufren pasajeros".

Federico Pinedo: El líder de la bancada del Pro criticó el hecho de que durante el debate "una parte enorme de la Cámara" haya "mirado la pelea política" en lugar de prestar atención a "la seguridad de los pasajeros y su derecho a tener un servicio seguro de trenes, subtes y colectivos". "Estamos en un sistema unitario", insistió.

Claudio Lozano. El titular de Unidad Popular sintetizó: "El Congreso ha sido invitado a perder el tiempo", y argumentó que "el tema a resolver es la situación del colapso del transporte en la región metropolitana".

Además, el diputado por la Ciudad criticó el "comportamiento irresponsable, contradictorio y oportunista de quien administra la ciudad de Buenos Aires", y concluyó: "Deberían estar revisando la concesión para evitar un aumento de tarifas absolutamente innecesario".

Mario Negri. El diputado radical dijo que "nos sentimos absolutamente competentes para tratar el tema en cuestión", principalmente por el cumplimiento del artículo 75 de la Constitución que involucra al Congreso en el traspaso de competencias a las provincias. Advirtió además que el debate terminará en la Corte Suprema de Justicia pero que "quedará pendiente" una mejor política de transporte. En ese sentido, el radical justificó la disidencia parcial de su bloque al dictamen del FpV, por incluir "irresponsablemente" y con una "base jurídica muy débil" el traspaso de los colectivos a la órbita porteña.

Roberto Feletti. El diputado ratificó el término de "derecha liberal" para referirse al macrismo y subrayó la inversiones realizadas por el Ejecutivo Nacional: "Este Gobierno ha hecho notables esfuerzos, a diferencias de lo que cree la derecha liberal, para corregir las inequidades de las fuerzas del mercado", dijo.

En torno al problema de los subtes, sostuvo que es "bastante poco sustentable que el Gobierno de la Ciudad no acepte administrar los subtes". "¿O alguien que quiere ser presidente no puede administrar seis líneas de subte?", ironizó.

Además, volvió a preguntar a los diputados del PRO si la tarifa de 2,50 pesos es "de equilibrio". "Si aún pensamos que es de equilibrio es cero de impacto", reflexionó el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

Feletti denunció que la Ciudad tomó deuda para construir subte, pero señaló que de los 40 kilómetros de subte prometidos por el macrismo en las campañas electorales sólo se inauguraron cuatro estaciones.

Graciela Camaño. En nombre del Frente Peronista, la diputada bonaerense anunció el retiro del dictamen que firmara su bloque este martes en el plenario de comisiones. En su opinión, el debate en el seno del Congreso de la Nación es "ocioso", ya que le corresponde jurídicamente a la Legislatura porteña.

Liliana Parada. La diputada porteña de Unidad Popular adelantó la abstención de su bloque, justificando que el debate en torno a los subtes es "una disputa política" entre los gobierno nacional y porteño "en la cuál están metidos los usuarios y los trabajadores".

En este marco, recordó la audiencia pública que organizó su bloque en el Parlamento, para escuchar la opinión de usuarios, trabajadores, especialistas y organizaciones sociales. "No puede ser que estemos trabajando a espaldas de la gente", criticó.

"No creo que sea lo mejor someter al Congreso, el poder político, a lo que dicte la Justicia sobre cómo debe hacerse un traspaso de competencias", dijo Parada, confiada de que el tema llagará al máximo tribunal.

Fernando "Pino" Solanas. De entrada, el titular de Proyecto Sur advirtió que el Congreso estaba "dejando de lado" a los usuarios y que no denunciaba el "corrupto" sistema de transporte "que sigue gobernador por los Roggio y los Cirigiliano".

En tanto, criticó que "en este traspaso ni le están dando la posibilidad (a la Ciudad) de acabar con la concesión de Metrovías". "Le están traspasando a la Ciudad una farsa cargada de deuda. No podemos hablar de la defensa del público o del pueblo si no defendemos sus derechos", manifestó "Pino".

Según dijo, "Proyecto Sur ha sido una de las fuerza que ha nacido defendiendo el cumplimiento de la Constitución nacional y la Ley Cafiero que fija en su articulo seis el traspaso de todas al competencias a la Ciudad". Y recordó en esa línea que presentó un proyecto "para el pleno reconocimiento de todos los derechos de la Ciudad en igualad a las provincias".

"Pongamos el tema del pueblo, el tema del pasajero, el tema del usuario. Los servicios están para servir al público. El público lo paga. Ustedes no pueden seguir manteniendo y concediendo el sistema de corrupción del señor Roggio", expresó Solanas.

Finalmente, el diputado de Proyecto Sur denunció que "el gran negocio del aumento de las tarifas del irresponsable Mauricio Macri es el señor Roggio y de eso no se habla".

Eduardo Amadeo. "El verdadero problema del sistema de transporte argentino es la cantidad de dinero destinado a subsidios que no lograron ni aumentar los asientos ofrecidos para los ciudadanos, ni disminuir la cantidad de heridos y muertos", denunció el diputado del Frente Peronista.

Para el legislador, "desde hace años se viene financiando un servicio que no satisface las necesidades de los usuarios".

"Se está jugando con la plata de la gente. Esto es un robo social", sentenció Amadeo, quien agregó que "no se está respetando el tiempo de las personas, que están condenadas a perder horas de su día en medios de transporte que son impuntuales y funcionan mal".

Por último, el peronista disidente admitió que "la Cámara de Diputados no está haciendo nada para mejorar el sistema del transporte. Estamos perdiendo el tiempo pensando si Macri quiere gobernar al país o no, mientras que los ciudadanos viajan en un subte cada vez más interrumpido".

Patricia Bullrich. La diputada de Unión por Todos insistió con que el proyecto es "anticonstitucional" y advirtió que "no es facultad del Congreso Nacional intervenir en el conflicto", ya que no tendría competencia para legislar sobre la Ciudad.

"No se nos puede obligar a firmar un proyecto anticonstitucional, vamos en contra de la división de poderes, no tenemos atribuciones para votar esta ley", concluyó Bullrich.

Alfonso Prat Gay. El legislador de la Coalición Cívica habó de la "falta de responsabilidad de dos Poderes Ejecutivos que se olvidan de la cuestión de fondo, de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que utilizan el servicio publico de transporte".

Para el diputado, en lugar de "sintonía fina" tendría que hablarse de "ajuste" debido a los "tarifazos". Además, volvió a criticar a ambas partes del conflicto: criticó "el incumplimiento por parte del Jefe de Gobierno porteño, que firma un convenio y después lo rechaza a través de una conferencia de prensa" y también sostuvo que "el Ejecutivo Nacional está violando la Constitución nacional" en sus artículos 1, 2 y 3.