Se equivocan los que dicen que Domingo Ángel Carbonetti es al peronismo lo que Luis Medina Allende fue a la Unión Cívica Radical. “El Mingui”, como le dicen los allegados, es, fue y será mucho más importante para Unión por Córdoba que lo que fue para el radicalismo el frustrado vendedor de la desaparecida cárcel del Buen Pastor, en la Capital provincial.

Eso es lo que explica que José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti lo hayan protegido y mantenido en las filas de sus estructuras políticas, en cargos donde se maneja poder real, durante todos estos años. Carbonetti hace y deshace por él mismo, porque le sobra astucia y dinero; pero también porque lo dejan hacer. En todos estos años, este hábil abogado que conoció cada vericueto argumentativo de los códigos Civil, Electoral y también del Penal, ha sabido construir una sólida trama de relaciones de poder y de amistad que le asegura protección y, en algunos aspectos, impunidad.

Carbonetti es muy generoso con quienes le rinden respeto, consideración y estima. Se ha visto en la Legislatura de Córdoba, por ejemplo, cómo parejas de novios de hijos de dirigentes o militantes partidarios le entregan tarjetas de invitación o participación de sus enlaces, para convertirse en dignos receptores de los generosos regalos del legislador. O como le pasó a la familia del vicegobernador Héctor Campana, a poco de que éste hubiera asumido ese rol a través del peronismo. Sonó el portero eléctrico de su residencia particular y la persona que abrió se topó en la puerta con un pony; un cuadrúpedo obsequio que las hijas del “Pichi” recibieron encantadas, como muestra de afecto del compañero legislador.

El esquema. El proceso a través del cual Carbonetti se hizo con las 14 hectáreas que hoy están ocupadas por ladrilleros bolivianos, pero que en breve se sumarán al millonario patrimonio que declaró el parlamentario del departamento Unión, pone en evidencia la trama de ese tablero de ajedrez donde el “Mingui” se desenvuelve como Bobby Fischer. Vicepresidente del Poder Legislativo provincial y hombre fuerte del peronismo, Carbonetti es, además, esposo de la actual intendenta de Bell Ville Carmen Ceballos, ex parlamentaria provincial. Esto le permite conocer de primera mano todo lo que sucede en su departamento y en su ciudad; en particular, la información catastral. En el proceso que tuvo a Carbonetti como abogado defensor, perito tasador y también demandante, intervino como martillero César Martínez, su yerno, quien subastó los tres lotes del terreno, que finalmente quedaron para la familia.

El caso en el que se tramitó el desalojo está a cargo del juez de Conciliación y Familia de Bell Ville, Víctor Miguel Cemborain, un magistrado que está cerca de su jubilación, pero con una espada de Damocles encima: en 2008 fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (Jury) por supuesto mal desempeño. El Jury es el organismo que tiene la potestad de destituir a los jueces y fiscales, y Carbonetti lo integra en representación del oficialismo. Aunque en este caso el legislador se apartó por enemistad con el acusado, nadie explica porqué la causa no ha sido resuelta aún, a más de un año y medio de su presentación.

Carbonetti no sólo puede ejercer presión sobre los actores de la Justicia desde el Jury. También puede hacerlo desde su cargo de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Unicameral, donde personalmente entrevista a todos los que están en condiciones de asumir como jueces y fiscales.

Su influencia y sus relaciones no terminan allí. Cuando el año pasado la Legislatura provincial remitió al Tribunal de Disciplina de Abogados una serie de causas de contenido ético en las que estaba sospechado Carbonetti, un avezado abogado del fuero local adelantó: “Carbonetti tiene amigos importantes allí; no le harán nada”.

Semanas después de aquel presagio, se supo que uno de los vocales de la Sala Quinta de ese Tribunal profesional, Carlos Benjamín Bondone, se había apartado del análisis de la causa Carbonetti por amistad. Y no pasó mucho tiempo hasta que se conociera –y este diario lo publicara– que la mayoría de las causas analizadas por ese organismo profesional habían sido archivadas, dos de ellas por prescripción.