El juez federal Claudio Bonadío dispuso la medida que alcanza al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y al titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro.
TBA realiza el servicio de la línea Sarmiento, que une la capital con la periferia oeste y uno de cuyos trenes protagonizó el accidente en la estación terminal Once, con un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.
El martes pasado, el gobierno de Cristina Kirchner decidió tomar el control en forma temporal de TBA, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
La intervención administrativa y técnica de TBA alcanzó además a la línea Mitre, que une la capital con la periferia norte y que también es operada por TBA, propiedad del grupo Cirigliano.
Días después del accidente, Schiavi, quien ahora no puede salir del país, fue hospitalizado por una descompensación y debió ser sometido a una angioplastía.
La Justicia investiga al maquinista del tren, sobreviviente de la tragedia, aunque la fiscalía también pidió averiguar la responsabilidad de la compañía por presuntos desvíos de subsidios estatales y desinversión.
El tercer mayor accidente ferroviario de la historia argentina tuvo lugar el 22 de febrero en la estación terminal Once de la línea Sarmiento, cuando un convoy con casi 2 mil pasajeros en hora pico (punta) se estrelló contra el paragolpe del andén.


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