Al afirmar que el Estado no controló y que los empresarios del ferrocarril Sarmiento se enriquecieron con el dinero de los subsidios, la Justicia procesó ayer a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, responsables de la concesión. A todos los acusó de delitos que ocasionaron la muerte de 51 personas el 22 de febrero, cuando un tren chocó contra la cabecera de un andén de la terminal de Once.

El juez federal Claudio Bonadio, en la misma resolución en la que procesó a otros 17 empresarios y ejecutivos de TBA y sus empresas y a otros dos ex funcionarios, sobreseyó al maquinista del tren, Andrés Córdoba, y a Antonio Sícaro, el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que aún tiene ascendencia en el área que ahora conduce el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

En el fallo , Bonadio consideró que las muertes de Once se produjeron por la acción mancomunada de lo que llamó la "trilogía siniestra" de empresarios que buscaban enriquecerse a costa de los subsidios, de funcionarios que no controlaron y de sindicalistas que consintieron para no perder prebendas y beneficios.

Con respecto a los funcionarios, procesó además de a Schiavi y a Jaime, a quienes embargó por 1 millón de pesos, al ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna (hombre del gremio La Fraternidad) y al ex titular de la CNRT Pedro Ochoa Romero. Les imputó abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes por no controlar a TBA.

Con los empresarios fue más duro. Los procesó con prisión preventiva, pero no irán presos porque ya fueron excarcelados o porque pueden presentar antes del lunes una caución de 5 millones de pesos.

En esa situación están Claudio y Mario Cirigliano, Carlo Ferrari, Claudio Tempone , Carlos Lluch, Jorge Álvarez y Marcelo Calderón.

A ellos los procesó por "descarrilamiento de un tren, agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, asociación ilícita y defraudación a la administración pública", con distintos grados de culpa. A los Cirigliano y a Marcelo Calderón los consideró jefes. Al ex presidente de TBA, Carlo Ferrari, al abogado Carlos Lluch y al gerente Sergio Tempone los consideró "organizadores".

Sin prisión preventiva y por el mismo delito, el juez procesó como miembros de la organización al vicepresidente de TBA, Jorge de los Reyes; al vicepresidente de Cometrans, Oscar Gariboglio, y a los directores Víctor Astrella, Daniel Rubio, Carlos Pont Vergez, Alejandro Lopardo y Guillermo D' Abeningno.

En su acusación a funcionarios, empresarios y sindicalistas, el juez habló de una "cadena de la felicidad" que permitió que los empresarios desde Cometrans, la empresa que controlaba TBA, construyeran un entremado societario que abarca 21 empresas para retirar el dinero de los subsidios y enriquecerse.

El juez fue duro con ellos: entendió que las compañías buscaban "hacerse de manera espuria de los recursos económicos de la empresa prestataria del servicio ferroviario, de modo de presentarla como deficitaria, a fin de continuar con la obtención de subsidios del Estado nacional para cubrir los déficits operativos de TBA, artificialmente creados".

Las cifras son elocuentes: hasta el 31 de diciembre de 2011, TBA le pagó a Cometrans por un contrato de asesoramiento cuestionado por el juez 127.798.900 pesos. Entre 2004 y 2011, el Estado transfirió en subsidios 3.475.194.275 de pesos.

Los trenes, según el juez, estaban en mal estado y la empresa lo sabía. Lo testimonian en la causa auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) e informes de la CNRT, y por eso la empresa recibía multas, las que eran apeladas y nunca pagadas.

La filosofía deTBA, según declaraciones de funcionarios de seguridad en el Transporte, era que los trabajos profundos los pagara el Estado, de modo que la empresa no realizara los mantenimietos, que se encontraban "diferidos", en la mayoría de las formaciones.

El contrato de concesión establecía que si la empresa sobrepasaba con sus multas por incumplimientos el 30% de la garantía del cumplimiento del contrato, se caía la concesión. Se llegó a esto duante la gestión de Juan Pablo Schiavi como secretario de Transporte en 2010 y nada ocurrió, dijo el juez.

Con respecto a Jaime, ya había comprobado cuando rescindió la concesión del Roca y el Belgrano Sur, que TBA estaba igual de mal y no hizo nada. El juez dijo que sabía que se aplicaban mal los subsidios y que por eso el Estado tuvo que hacerse cargo de reparar los trenes, pero en lugar de sancionar a la empresa, pagó los gastos. A Luna y a Ochoa Romero, el juez les achaca la misma falta de control.

Con respecto al maquinista Córdoba, Bonadio entendió que no es responsable de la tragedia. "Nunca se sabrá con certeza por qué el chapa N° 16 [el tren] corrió más de 300 metros a 27 kilómetros por hora sin frenar y terminó chocando contra el paragolpes de la estación Once de Septiembre", dijo el juez.

"Lo que sí se sabe es que Córdoba estaba al comando de un tren sobrecargo de peso, con un sistema de frenos que, si bien en las anteriores oportunidades había respondido, lo hacía con dificultad, carecía de dos compresores, lo que hacía que la recuperación de presión en el sistema de frenado demorara más tiempo que lo aconsejado por estándares de prudencia y seguridad."

Y concluyó: "Sólo tenía dos años de experiencia, conducía un tren viejo con siete vagones con un importante diferimiento en su mantenimiento general".

Se le había dado, dijo el juez, "una herramienta vieja, corroída e insegura" para transportar ese día a 2500 pasajeros.

Un fallo de casi 900 fojas

Frases de la sentencia que firmó el juez de la causa

"Hubo una trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas"

"El objetivo de la empresa era hacerse de los recursos que le eran transferidos por el Estado"

CLAUDIO BONADIO

Juez Federal

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Del editor: qué significa.

El fallo de Bonadio describe una gigantesca trama de corrupción que operó durante toda la era kirchnerista. Aplicó la ley del ex: sólo culpó a funcionarios y empresarios caídos del poder.