Según indicaron fuentes judiciales, los estudios están destinados a establecer la relación de los “subsidios y tarifas percibidas” por la empresa concesionaria del servicio TBA. Además, evaluarán lo “invertido en mantenimiento del material rodante y sistema de vías”.

Hace dos días, el magistrado ratificó al Estado Nacional como querellante en la causa al rechazar el planteo del abogado Gregorio Dalbón - también querellante- quien cuestionó que se acepte como particular damnificado al Estado en la investigación.

En esa oportunidad, Bonadío también dictó el secreto de sumario en busca de preservar los resultados de la pericia técnica sobre el tren de la tragedia. "Atento a la proliferación de noticias muchas de ellas parciales o contradictorias, pero todas ellas basadas en la actividad del colegio pericial interviniente en autos, no se descarta que con su difusión se quiera construir e imponer mediáticamente una versión que luego no se ajuste con la realidad", argumentó el juez.