Ayer, el magistrado indagó a Sergio Claudio Cirigliano, titular de Comentrans, quien hizo una declaración y no contestó preguntas. También se presentó Antonio Eduardo Sicaro y Antonio Guillermo Luna. Sicaro presentó un escrito y respondió preguntas, mientras que Luna también presentó un escrito pero se abstuvo a contestar.

Por otro lado, el juez les concedió la excarcelación a los directivos de TBA Daniel Rubio (gerente de Administración) y Darío Tempone (gerente de Operaciones).

El presidente de Cometrans, la empresa controlante de TBA, declaró ayer ante y afirmó que estaba a 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires cuando desapareció documentación contable de las oficinas, que podría servir de prueba en la causa por el choque del tren en la estación Once que provocó 51 muertos y casi 800 heridos.

Cirigliano, quien sigue detenido desde el lunes en la alcaidía del Palacio de Tribunales, negó ante el Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, todo tipo de responsabilidad en el episodio registrado la mañana del 22 de febrero en la terminal Once.

Como lo hicieron otros imputados, el empresario atribuyó responsabilidad al conductor de esa formación, el maquinista Marcos Córdoba, a quien Bonadío tiene previsto interrogar mañana.

Con relación a los subsidios que recibió TBA, Cirigliano remarcó que el es presidente de Cometrans, y por lo tanto se trata de "un tema ajeno" a su persona.

Cirigliano no respondió preguntas e "hizo una exposición durante casi dos horas", en la que aclaró que el 25 de mayo pasado -cuando se trasladó documentación de las oficinas de TBA- se hallaba en la localidad bonaerense de Necochea.

"Volvió una semana después, para internarse en el sanatorio Mater Dei" por una dolencia cardíaca, dijo al término de la audiencia el abogado Juan José Sforza, defensor de Claudio Cirigliano.

Cirigliano, sobre quien pesan cargos por su presunta responsabilidad en las muertes y las lesiones derivadas del accidente, fue detenido anteayer, debido a la falta de la documentación, lo que constituiría una obstrucción a la pesquisa.

El entorpecimiento de la investigación es, junto con el peligro de fuga, una de las causales que justifican la detención de un imputado.

Por la misma razón también fueron detenidos anteayer el titular de TBA, Carlo Ferrari; el gerente operativo, Sergio Tempone y el de Finanzas, Daniel Rubio, pero estos últimos dos fueron excarcelados hoy, tras un pedido de los abogados defensores.

Hasta que concluyó la audiencia de la indagatoria la defensa de Cirigliano no había pedido la excarcelación, porque espera que declare un testigo que podría favorecer al empresario y usar esta circunstancia como fundamento de la solicitud del beneficio.

Esta tarde, cuando le leyeron las imputaciones en su contra, Cirigliano no solo escuchó las relacionadas con la desaparición de documentos, sino la vinculada con el "fondo de la causa": el choque que provocó las muertes y lesiones a los pasajeros de la formación.

La defensa de Cirigliano cuestionó la forma en la que está redactada la imputación contra el empresario y éste, que había comenzado a declarar pasado el mediodía, invocó razones de salud (aquellas por las que fue internado) para dar por concluída antes de las 14, su "exposición".

Pero Cirigliano "expresó su intención de ampliar su declaración más adelante", acotaron fuentes que estuvieron presentes en la audiencia realizada en el despacho de Bonadío, en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Previamente se presentaron a sus indagatorias el subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Antonio Luna y el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Antonio Sicaro.

Sicaro presentó un escrito y respondió preguntas, mientras que Luna también presentó un escrito pero se abstuvo a contestar.

Otro que había apuntado contra el motorman fue el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, al tiempo que defendió la política ferroviaria del oficialismo desde 2003, ante el juez Claudio Bonadio.

El ex funcionario, que renunció semanas después del episodio, evitó responder preguntas pero presentó un extenso escrito en el que acusó a Antonio Córdoba.

En el texto dijo que "el tren circuló los últimos 350 metros a la deriva (sin traccionar y sin frenar) a una velocidad de más del doble de la reglamentariamente permitida".

"El maquinista había anulado el sistema de emergencia conocido como `hombre muerto de manera indebida e imprudente, y que no había frenado aún contando con los dispositivos para hacerlo", resaltó Schiavi ante el magistrado.

De todas formas, señaló que el conductor podría tener problemas de salud, al diferenciarse a la versión de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que asegura que el maquinista podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

En ese sentido, explicó que el motorman no pudo frenar por algún impedimento físico o psíquico en su salud y recordó que un estudio realizado por el Cuerpo Médico Forense encontró en Córdoba "indicios de posible epilepsia en el funcionamiento cerebral".

En el escrito, negó su relación con el accidente y deslindó responsabilidades en TBA.

A la vez, aseguró que desde 2003 hubo una "importante actividad del Estado Nacional" en realizar varias obras de recuperación de vías, sistemas de señalamiento, comunicaciones, sistemas de seguridad, estaciones y material rodante.

Al respecto, dijo que también hubo obras en el ramal Sarmiento, como la renovación de vías de Once a Castelar, la provisión de 25 formaciones de trenes de doble piso y el proceso de colocación de valores representativos de deuda por valor de 600 millones de pesos en Bolsa de comercio de Buenos Aires "que permiten financiar el proyecto de Soterramiento de este ramal".

En otro tramo de su presentación, dijo que era encargado "del diseño e implementación estratégica en todo el país" y que sólo le cabe una "responsabilidad política" pero no "de la operación del servicio", esta última responsabilidad "inexcusable del concesionario".

Schiavi resumió que es "ajeno a toda responsabilidad penal" porque el accidente "no fue causado por fallas mecánicas, ni por defectos de infraestructura", y que el control de la ley vigente es de otras instancias administrativas.

Si bien reconoció que la pericia técnica al tren señaló falta de mantenimiento preventivo y alto grado de informalidad en el despacho diario de formaciones, remarcó que los ingenieros no tuvieron en cuenta en individualizar qué tipo de fallas había en el funcionamiento del tren siniestrado o en la infraestructura con la cual colisionó, esto es el parachoque con el cual impactó el tren en el andén de la estación Once.