La legisladora en cuestión es Virginia Linares, diputada del GEN, dentro del bloque del Frente Amplio Progresista, integrante de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la Cámara baja nacional.

En diálogo con la prensa, la diputada señaló que lo que ocurrió el pasado viernes 9 de setiembre es “un nuevo caso de muertes por asfixia y quemaduras graves de adolescentes, que están privados de libertad en lugares absolutamente inadecuados, muchos de ellos incluso inhabilitados para tal fin, como ya ocurrió en la Comisaría 1ra de Quilmes en el 2004, la Comisaría 20 de Orán, Salta en el 2006 y en el 2008; la Comisaría 7ma de Corrientes en el 2006, y la Comisaría de Lomas del Mirador, en La Matanza, en el 2009”.

La legisladora se sumó a las críticas contra el accionar policial de la provincia, al señalar que “sin importar cuáles fueran los motivos de la detención, la policía debe hacer lo necesario para proteger la salud y la integridad de los detenidos, así como la de cualquier otro ciudadano”.

“Nuestro país ha sido señalado reiteradamente por organismos, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el Comité contra la Tortura, por detener niños y alojarlos en Comisarías. Sin embargo, esta práctica continúa y se cobra nuevas vidas adolescentes”, aseveró la legisladora, agregando que el Estado “es responsable de garantizar la vida y la integridad física de las personas a las que decida privar de libertad, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes”.

“Habrá quienes intenten minimizar

la gravedad de esta tragedia”

Por otra parte, el diario Página 12 publicó una opinión de Nicolás Laino, secretario del Programa de DD.HH. de la Defensoría General de la Nación, y secretario general de la Asociación Pensamiento Penal, en relación con el trágico hecho. En el artículo titulado “El encierro de jóvenes”, Laino se refiere al hecho señalando que “seguramente habrá quienes intenten minimizar la gravedad de esta tragedia, diciendo que se trató de muertes autoprovocadas. Muy lejos de ello. Estas cuatro vidas adolescentes que acabamos de perder son el triste reflejo de una realidad de la que las autoridades estatales deberán hacerse cargo”.

Señala, además, que “el Estado sigue enviando a prisión a jóvenes, fundamentalmente pertenecientes a familias desmembradas, de muy bajos recursos”.

“No solamente fracasa en garantizarles el acceso a condiciones de vida dignas sino que, luego, los envía a prisión y, una vez allí, los tortura o los deja morir”, señaló el letrado, a lo que agregó que “aunque sería bueno que hechos como éste jamás ocurrieran, al menos deberíamos pensar si, a la luz de todas estas evidencias, alguna de las tantas justificaciones que el Estado esgrime para encerrar a nuestros jóvenes se mantienen vigentes o, en cambio, será tiempo de idear verdaderas alternativas, donde la privación de la libertad ya no sea una opción”.