Senadores bonaerenses de la oposición presentaron un pedido de informes para que el gobierno de Daniel Scioli detalle "por escrito y en carácter de muy urgente", una larga serie de aspectos vinculados a las máquinas tragamonedas instaladas en las salas de juego provinciales, los montos que recaudaron las empresas que las explotan y qué porcentaje de ese dinero llegó a las arcas del Instituto Provincial de Loterías y Casinos.

La iniciativa fue presentada por el senador radical Roberto Costa, quien señaló que es necesario que el Ejecutivo detalle con precisión "cuál es la actual situación de las salas de juego que permiten la modalidad de las máquinas tragamonedas", cuya instalación y explotación en los bingos fue permitida a partir de la sanción de la ley 11.018.

Según explicó el legislador, la norma habilitó el sistema de bingos en 32 distritos bonaerenses, mientras que en la actualidad existen 46 salas explotadas por entidades de bien público o de terceros que son contratados para cumplir esa función. Con parte de lo recaudado a través de ellas, se integran anualmente las partidas presupuestarias correspondientes a educación, salud y acción social de nuestra Provincia.

Costa asegura que las empresas que explotan salas con máquinas tragamonedas en la Provincia obtienen "las utilidades más altas del mundo". "La ecuación promedio es que por cada $100 que se juegan en las tragamonedas solamente $5 le quedan al Estado -afirmó el senador radical- y esto no ha merecido un solo comentario en las normas que se han dictado los últimos años".

"Se hace necesario contar entonces con la debida información acerca de la cantidad de máquinas instaladas, habilitadas y en funcionamiento, así como la recaudación de las mencionadas y conocidas tragamonedas, sobre todo en aquellas denominadas de puestos múltiples. En la Provincia, la situación es preocupante, ya que el negocio del juego se encuentra en muy pocas manos y a nuestro entender, con controles deficientes", disparó el legislador en los fundamentos de su pedido de informes.

El proyecto pide informes sobre la cantidad de máquinas tragamonedas permitidas en cada sala de juego, las que se encuentran funcionando actualmente, sobre la recaudación obtenida a través de este sistema en el mes de abril de 2011 y sobre cómo se discrimina esa recaudación para su posterior pago al Instituto Provincial de Lotería y Casinos.