El caso de San Juan contrasta notablemente con lo que sucede en Catamarca por el tema glaciares. Mientras en la provincia cuyana se aprobó rápidamente una ley propia para garantizar la potestad sobre los recursos naturales, y el gobierno estuvo detrás de la estrategia legal que ahora consiguió que la Justicia federal suspenda la aplicación de varios puntos de la legislación nacional, en Catamarca no sucedió ni una cosa ni la otra.
La excusa de la oposición es que la normativa debe ser analizada exhaustivamente, pero la mora para su tratamiento en el recinto debe inscribirse en la puja de la conducción opositora de la Cámara y el Gobierno por el envío de fondos.
La falta de tratamiento de la legislación local disparó fuertes cuestionamientos desde el sector empresario de la minería. Por caso, el presidente de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca (AEMCA), Alfredo Marchiolli, criticó días atrás a los diputados del interbloque por no sacar la normativa. "Lo que han hecho los diputados no tiene perdón porque dejaron que la Nación avasalle la potestad provincial sobre los recursos. Realmente es una imbecilidad", dijo luego de la sesión en la que no se trató la ley, supuestamente incluida por un error en el orden del día.
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