La explicación, sin embargo, resulta bastante sencilla. Muchos indicadores y datos económicos de la Argentina exhiben un doble estándar: no todo lo que muestran es lo que es; ni todo lo que se difunde oficialmente se corresponde con la realidad. Para no entrar en tecnicismos, basta ilustrar esta situación con la brecha existente entre las estadísticas de inflación del Indec y la evolución de precios que perciben cotidianamente los consumidores.

Tanto en el plano interno como en el externo, la crónica resistencia del Gobierno a informar como corresponde le juega decididamente en contra. Nadie cree demasiado en los datos oficiales, muchas veces manipulados, retocados, retaceados o incompletos. Por eso las proyecciones macroeconómicas de la Argentina suelen ser una incógnita, alimentada por la proliferación de dispares pronósticos privados.

No por casualidad el riesgo país (hoy en torno de los 600 puntos básicos) se mantiene, detrás de Venezuela, entre los más altos de América latina (el promedio de la región es de 285 puntos), aunque haya bajado 200 puntos en los últimos meses con el anuncio del canje de deuda en default. A comienzos de 2007 se ubicaba a la par de Brasil y ahora casi lo triplica. No resultó gratuita, ciertamente, la intervención política del Indec. Lo que se "ahorró" en intereses (con la grosera manipulación del CER), se perdería con creces por mayores tasas si se buscara una refinanciación voluntaria de deudas. De ahí la decisión de recurrir al uso directo de reservas del Banco Central para atender los pagos del Tesoro. Si bien se descuenta una alta adhesión al canje, habrá que atribuirla mayormente a las fuertes ganancias que prevén quienes se anticiparon a comprar bonos a precios de liquidación y ahora aprovecharán la oferta del gobierno argentino para capitalizarlas.

Tampoco sirvió de mucho la decisión de Néstor Kirchner de evitar que el FMI revisara la consistencia de los números de la economía argentina. Hace seis meses, el ministro Boudou había anunciado en Estambul la posibilidad de normalizar la relación institucional con el Fondo para renegociar la deuda con el Club de París. Cuando bajó del avión de regreso a Buenos Aires, afirmó exactamente lo contrario. La historia se repite por estos días en Washington. Aunque el FMI no se haya destacado precisamente por el acierto de sus evaluaciones y pronósticos antes de la crisis financiera global, el cerrojo que la Argentina impone a los números relevantes de su economía entraña otro riesgo. Cualquier próximo intento de buscar financiación externa podría ser evaluado por los mercados con una desconfianza equiparable a la que provocó Grecia cuando falseó escandalosamente sus cifras de deuda y déficit fiscal, por más que la actual situación argentina no le llegue ni a los talones, ni exista riesgo de default en 2010.

En la Argentina la desinformación más grosera tiene nombre: Indec. Y torna incomprensible la actitud tipo "cola de paja" del gobierno kirchnerista, que defiende sus indicadores ante la opinión pública, pero evita que sean convalidados por especialistas internos (universidades públicas) o externos (FMI u organismos internacionales de estadísticas). Para el Indec, los precios del pan, la carne, las verduras o los lácteos pasaron a ser secreto de Estado. Su titular sostiene que el organismo debe medir sólo variaciones porcentuales, pero omite revelar sobre qué bases; al menos para generar algo de transparencia. Sin embargo, esto no explica por qué registra para los últimos 12 meses una inflación minorista de 9,6%, mientras que el promedio de las siete provincias que llevan sus propias estadísticas de precios trepa a 22,2%. Si se anualizara la variación del IPC en los últimos cuatro meses, el resultado arroja una suba de 14,7% para el Indec y de 36% para el promedio de las mediciones provinciales. En materia de precios no hace falta recurrir a espías. Está todo a la vista. En todo caso, la desconfianza en el Indec produjo de hecho una privatización estadística, a cargo de consultoras que suelen coinciden bastante en sus estimaciones. Cuando la mayoría de los precios aumenta y mucho, como ocurre en la Argentina, las precisiones metodológicas pasan a segundo plano.

Cantidad vs. calidad

Sin que esto signifique justificar el espionaje de datos económicos, habrá que coincidir que, en muchos casos, información que debiera ser pública se retacea deliberadamente. En su último informe sobre el resultado del sector público en marzo, la Secretaría de Hacienda se limitó a destacar un superávit primario (sin incluir intereses de deuda) de 1200 millones de pesos. Pero hay que llegar hasta la última línea de una planilla anexa para descubrir que en ese mismo mes hubo un déficit financiero de igual magnitud. Y advertir además entre los ingresos que el rubro "rentas de la propiedad" (con casi 1900 millones), corresponde en realidad a ganancias que transfirió la Anses provenientes del fondo constituido por los activos de las ex AFJP, sin las cuales el desequilibrio habría superado los 3000 millones. Nada se dice en cambio que en el primer trimestre el gasto corriente creció 32,8%, mientras los ingresos (sin contar aportes extraordinarios de la Anses o del Banco Central) lo hicieron 22,5%.

En otros casos, se disimulan aumentos de gastos bajo la forma de préstamos de dudosa devolución. Meses atrás, por ejemplo, la mayorista eléctrica Cammesa recibió 18.000 millones de pesos por ese concepto para cancelar pagos de subsidios estatales a la generación eléctrica. Más difícil, en cambio, resulta determinar cómo se contabilizan los aportes a la deficitaria Aerolíneas Argentinas. O cómo se reparten, y con qué contrapartida social, los cuantiosos fondos que reciben los clubes de fútbol por la televisación estatal de los partidos, convertida además en el mayor vehículo de propaganda gubernamental.

En los subsidios al transporte, el sitio de Internet del Ministerio de Planificación abunda en datos sobre millonarias transferencias a empresas ferroviarias y de autotransporte de pasajeros. Pero la calidad de esa información es dudosa, ya que no se especifican los criterios de distribución, ni su destino. Tampoco es posible determinar a través de esa vía por qué la Argentina importó fueloil de Venezuela y a la vez exportó mayores cantidades de ese combustible, lo cual sería el origen del actual escándalo de las coimas. O qué ocurrió con el anunciado ensanche de la avenida General Paz, que sólo se limitó a la presencia de una excavadora en los meses previos a las elecciones de 2009 y luego desapareció misteriosamente. En estos y otros casos hay una constante: los funcionarios suelen ocultar mucho más de lo poco que informan.