Luego de que la viceministra de la cartera laboral, Noemí Rial, estableciera que en la actividad pesquera los índices de trabajo en negro alcanzaban el 80%, el sector agropecuario se puso en estado de alerta. Más de 200 productores frutihortícolas se reunieron con autoridades de Migraciones y representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación para delinear un operativo conjunto que en el corto plazo determine la normalización de los trabajadores rurales del Partido de General Pueyrredon. “EL CINTURÓN FRUTIHORTÍCOLA ES DE LOS QUE MÁS EMPLEO NO REGISTRADO PRESENTA” En declaraciones a Nueva Sierra, el CPN Ángel Ratto dijo que con la charla informativa se buscó “concientizar” para poder “disminuir la tasa de empleo no registrado en todas las actividades y en todos los sectores productivos”. Al respecto, el funcionario señaló que si bien “no se han hecho muchas inspecciones”, el cinturón frutihortícola de Mar del Plata “es uno en los que más empleo no registrado presenta, especialmente, de personal extranjero que también tiene problemas de radicación o de admisión para trabajar en Argentina”. Según manifestó, el trabajo en negro se da, en muchos casos, como consecuencia del “desconocimiento” de los productores a la hora de iniciar los trámites de regularización ya que presumen que les demandará “mucho tiempo y dinero”. Por el contrario, aseguró, “Migraciones tiene procesos bastante ágiles” y hasta anunció que “para la próxima entrada masiva de personas extrajeras, se dispondrá un centro de tramitación móvil para que puedan hacer la radicación”. “Es decir, se van a radicar, les van a dar el documento y a partir de ahí, el empresario le va a poder dar el alta temprana”, especificó. En ese marco, Ratto consideró que si los emprendedores rurales cumplen con esos requisitos, “se evitarán numerosas sanciones cuando el Ministerio lleve adelante las inspecciones”. Y enfatizó: “Queremos que no se repita lo que ocurrió en el puerto; que se terminen con estas malas prácticas y que, de alguna manera, tengamos un sector legalmente constituido”. “DICEN PROTEGER SU TRABAJO” Por su parte, el Cónsul Adjunto del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires, Lic. Antonio Abal Oña, coincidió con Ratto en la necesidad de que los trabajadores extranjeros “se adecuen a las leyes argentinas” y puedan contar con sus respectivos documentos “para que luego no sean objeto de allanamientos u otras medidas que últimamente han salido del Ministerio de Trabajo”. Si bien estimó que la zona rural del sudoeste de la Provincia es uno de los puntos de mayor concentración de bolivianos, el Vicecónsul reconoció que “no hay datos precisos” en relación al número de familias instaladas. Inclusive, reflejó que “el último censo arrojó que no hay más de 400 mil residentes en la provincia de Buenos Aires, una cifra muy baja si tenemos en cuenta otros estudios que hablan de más de un millón”. También admitió que lo mismo sucede respecto al tipo de relación laboral que establecen una vez en suelo argentino. “A veces se utiliza mano de obra boliviana en determinados momentos del proceso productivo entonces, de acuerdo o no a la conveniencia del trabajador, puede pasar que venga en temporada alta y luego retorne a Bolivia y no vuelva más, o decida residir en forma permanente”, contó. En este último caso, advirtió, esas personas “deciden proteger su trabajo” y no realizan ningún tipo de denuncia ante una eventual irregularidad. Similar esquema se da en cuanto al trabajo infantil. Según Abal, el Consulado “no ha tenido oportunidad de hacer ni siquiera un relevamiento respecto de las relaciones laborales porque respeta la jurisdicción de la Justicia argentina” y, para no interferir en los procesos, sólo se hace presente “en la medida que haya denuncias de residentes bolivianos”. Y destacó que a la fecha “no se ha recibido ninguna presentación concreta” pese a “las cosas que están circulando”. Más adelante, el Cónsul adjunto de Bolivia insistió en la importancia de que “todo residente boliviano temporal o permanente tenga la documentación precisa para que pueda acceder a desarrollar alguna actividad”. “En forma constante realizamos campañas de documentación a los bolivianos que se encuentran en la zona y sabemos que el desplazamiento a la costa bonaerense es importante. En San Carlos y Sierra de los Padres, por ejemplo, se concentra una gran cantidad de pobladores bolivianos y nuestro objetivo es que no estén indocumentados”, sostuvo. Por último, al consultársele de qué manera los interesados pueden llevar adelante los trámites de residencia, Abal comentó que la sede del Consulado se encuentra en Capital Federal pero, no obstante a ello, “periódicamente se hacen reuniones en algún lugar y allí se recopila toda la documentación”. “Con esa información nos trasladamos a Capital y, 15 días más tarde, después de procesarla, comenzamos la entrega de documentos”, detalló.