El titular de la Dirección de Trabajo de la provincia, Oscar Balla, manifestó que en la presente jornada se elaboró un documento para entregar en el Ministerio de Trabajo de la Nación, “para defender la autoridad de la DPT”, confió en un artículo que publica APF.

En este sentido el funcionario señaló que viajará este jueves a Capital Federal para entregar el documento personalmente.

Balla comentó que, tras reiterar el lunes el requerimiento de acatamiento a Agmer y Amet, se aguardó hasta ayer una respuesta, en tanto “hoy se trabajó en el informe, que mañana presentaré personalmente en el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

“Al no concurrir el día de ayer, avanzamos en los términos de la presentación”, expresó el director.

Al respecto, Balla apuntó: “Los trabajadores tienen todo el derecho de reclamar, pero nosotros podemos dictar la conciliación por un período de 15 días para sentarse a negociar. Y si no hay acuerdo, la entidad sindical puede efectuar las medidas que crea conveniente”. En el mismo orden remarcó: “Estamos defendiendo que la DPT está facultada para intervenir en estos conflictos”.

“He hablado con las autoridades del Ministerio y quedé en ir mañana”, expresó luego, en tanto precisó que presentará el documento “en horas de la tarde”.

En tanto, Balla explicó que la presentación hace alusión a “la ley 7.325, al acuerdo 17 y a la ley 14.186”, y no se basa en la ley de paritarias docentes, a la que alude Agmer al cuestionar la conciliación dispuesta por la DPT. Detalló que “el acuerdo 17 es donde el Ministerio de Trabajo nacional le transfiere los conflictos colectivos de trabajo a la provincia”, mientras que “la 7.325 es la ley de creación de la DPT, que dice que puede intervenir en los conflictos de organismos privados y estatales”. Además “la 14.186 es la ley de la conciliación obligatoria”.

Asimismo, cuestionó la decisión de Agmer de basarse en la ley de paritarias, ya que aseguró que “es una ley que está vigente pero que no se ha puesto en funcionamiento”.

Respecto de las posibles sanciones que le podrían caber a los gremios, Balla señaló en declaraciones a esta Agencia: “Las sanciones se manejan por el Ministerio, por la ley 23.151, de asociaciones sindicales”.