El aviso publicitario los alertó: una consultora pedía interesados en desempeñarse como "empleados para inspección y control" para una "importante institución de servicios a la comunidad". Tras unas pocas averiguaciones, confirmaron lo que temían. Inicialmente, no los tendrían en cuenta para ser varitas y seguirían cobrando entre $ 150 y $ 200 por mes. Unos 29 beneficiarios de planes sociales que prestan servicios desde hace tres años en la Dirección municipal de Tránsito y de la Vía Pública estaban expectantes por la posibilidad de que los tomaran como empleados. Sin embargo, cuando pidieron a sus superiores que al menos les tomaran las pruebas, notas y recomendaciones fueron y vinieron entre funcionarios sin darles una respuesta concreta.

Precarización

La situación fue denunciada por el secretario de Relaciones Laborales del Comité Nacional de la UCR, Ariel García, quien exhibe documentación en la que funcionarios municipales aconsejan contratar a esos colaboradores. (Ver "Recomendaciones")

"Pese a lo que les pagan, cumplen horario como cualquier municipal, dando clases de educación vial en las escuelas, charlas a conductores que obtienen su carnet por primera vez y realizan controles de seguridad peatonal y vehicular en la calle", describió el dirigente, quien recibió las presentaciones de los empleados.

El opositor especificó que algunos de esos trabajadores cobran ayudas sociales, pero aseguró que otros recibirían $ 200 "en negro", sin estar contenidos en programas. "Lo peor es que perciben el dinero con dos meses de atraso. El último pago fue el 2 de junio y cobraron abril: eso profundiza la precariedad. Esa plata no cubre ninguna canasta, no alcanza para nada, es inaudito", repudió.

Según el radical, luego de ver el aviso con el llamado, algunos miembros del grupo se presentaron en la firma que seleccionaría el personal. "Les dijeron que ya estaba completo el cupo. Si la Municipalidad no quería tomarlos de entrada, lo más noble hubiese sido que les informen acerca de la convocatoria", opinó García.

En el escrito que los trabajadores enviaron al interventor de la repartición, Carlos Castillo, expresaron: "en razón de contar con los conocimiento, la experiencia y los requisitos necesario para ser contratados por el Municipio, hacemos el pedido. Solicitamos que, luego de la correspondiente evaluación, se nos permita el ingreso, si nuestro desempeño cubre las expectativas de los superiores".

García también aseguró que los trabajadores en cuestión tampoco estarían cubiertos por una ART. "Están en la calle y si sufren una lesión grave, quedarán a la buena de Dios", aseguró. Y anticipó que si no se da respuesta a los reclamos, irá a la Justicia. "Sólo hace falta una decisión política", aseveró.