“Los imbéciles que se paran en la puerta de la empresa a defender a Marcos Levín que se preparen para recibir a sus hijos en bolsas plásticas”. En medio de la indignación social que desató el atroz desenlace del caso Candela, la grabación que Flavia Mariel Meri ofreció a la Justicia hace dos meses debiera haber movilizado una inmediata investigación.

Sin embargo, ni la Fiscalía Correccional de Sexta Nominación ni el Juzgado de Instrucción Formal de Cuarta Nominación parecen haberle dado importancia a las denuncias y pruebas, que también incluyen una comprometedora agenda atribuida a Marcelo Javier Ortiz. El nombre de este operador del grupo Flecha Bus, oriundo de Buenos Aires, resonó una y otra vez ayer en una asamblea en la que trabajadores de La Veloz repudiaron las amenazas e hicieron responsables a la Justicia salteña, al gobierno y a los personeros del grupo de transporte que encabezan los hermanos Luis y Hugo Derudder por su seguridad y la de sus familiares.

La agenda que se considera una prueba clave de acciones ilícitas, tiene gastos detallados -según la denuncia- con el puño y letra de Ortiz. Y entre las erogaciones resaltan pagos a nombre de una decena de trabajadores de La Veloz e incluso de conocidos referentes de derechos humanos, con el supuesto propósito de afectar el funcionamiento de la La Veloz, vincular a Marcos Levín con causas de lesa humanidad y poner el manejo de la empresa salteña bajo el control de los hermanos Derudder.

Esto denunció la empleada de encomiendas, de 34 años, hace dos meses. En su presentación, aclaró que ella llego a formar parte del llamado grupo “anti-Levín” hasta que se encontró ante acciones “sucias y mafiosas” que repugnaron su conciencia.

Concretamente, denunció que su acercamiento a operadores de Flecha Bus tuvo un vuelco drástico cuando vio que el grupo comandado por Ortiz no tenía problemas en “colocar droga en los baños de colectivos” para incriminar a choferes de La Veloz con el narcotráfico, “planificar daños contra bienes y propiedades” de empleados leales a Levín y aprovechar el juicio de Ragone para implicar al presidente de La Veloz con crímenes de la dictadura.

“La Justicia no tomó en serio mis denuncias ni las pruebas. Sigo recibiendo amenazas contra mi persona y mis familiares: me siento desprotegida”, manifestó ayer Meri, quien aseguró que una prueba caligráfica a la agenda que Ortiz olvidó en su departamento (lugar de reuniones del grupo anti-Levín) probaría las “acciones mafiosas” que denunció.