Llegan asfixiados a fin de mes. Pese a que “laburan” jornada completa (6 u 8 horas, de acuerdo con el convenio), casi la mitad de los trabajadores salteños gana menos de los $1.840, que marca el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). En “la Argentina inflacionaria” sus ingresos aumentaron en los últimos años, pero siguen contando monedas para comprar alimentos, pagar servicios y viajar en colectivo. Con este escenario, los sindicalistas salteños proponen que el próximo mes el SMVM se ubique entre $2.400 y $2.600. El piso es solo para recuperar los sueldos que ya están degradados.

Para el Norte, la historia no muestra cambios. En el último trimestre del 2010, el 48% de los empleados jornada completa de Salta recibía menos de lo que le correspondía. La provincia supera el índice del NOA, que acumula un 47,5% y la convierte en la región más ingrata para los trabajadores. Los datos surgen del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad Nacional de Salta. Las diferencias son más anchas al comparar con otras zonas del país. El 22,6% de los trabajadores del Gran Buenos Aires no alcanza los $1.840; en la Patagonia solo el 13,9; en la región Pampeana, el 24,7%; y en Cuyo, el 36,3%. El índice del NEA es casi similar al NOA: el 46,3 no ve en sus manos el dinero necesario para sobrevivir. Conclusión: mientras en Salta, cinco de cada 10 asalariados esta bajo la línea vital salarial; a nivel país, tan sólo son 2 por cada decena.

El desequilibrado mapa demanda políticas para fomentar el empleo en blanco y digno. En los últimos años, el SMVM pasó de $250 a $1.840, sin embargo no se pudo bajar la cantidad de trabajadores con ingresos por debajo de la línea legal.

“Entre 2003 y 2010 el salario mínimo vital y móvil estuvo aumentando y ese es un hecho positivo. Lo que muestran las cifras anteriores es que los salarios no estuvieron subiendo como lo hizo el SMVM. La pregunta que queda flotando entonces: ¿a qué trabajadores asalariados se puede pagar menos que un salario mínimo? Principalmente a los trabajadores no registrados. Así que este fenómeno de "trabajadores pobres' saca a la luz un problema endémico del mercado de trabajo argentino: la informalidad laboral. También se puede pagar menos que un salario mínimo a los trabajadores que no se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo o a los contratados para determinadas tareas y cuyo contrato expira en el momento de finalizada esa tarea”, explicó Jorge Paz, director del Ielde.

El economista reflexionó: “A pesar de haber disminuido ostensiblemente la informalidad laboral -en Salta bajó del 60% al 40% más o menos-, el porcentaje de trabajadores pobres aumentó”.

El secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Vuenaventura David, cargó contra la falta de decisión para la inclusión laboral y para mejorar la situación de quienes ya tienen un puesto. “Todo trabajo es decente, pero se convierte en indecente por el desinterés de los patrones, las disparidades salariales y la falta de control del Estado. Todos tenemos que velar para que se cumpla con la legislación”, señaló.

Para David es lamentable que la provincia tenga los sueldos más bajos de la Argentina. “Si le agregamos la cantidad de personas sin empleo vemos que no hay una valoración del Gobierno por el trabajo”, dijo. También calificó como injusto que un trabajador municipal de Iruya tenga un sueldo distinto al de una persona que hace lo mismo en la administración comunal de la capital salteña. “En el sector estatal, las diferencias son grandes”, destacó.

“La industria es el Estado, no hay un desarrollo para abrigar las esperanzas”, expresó el titular de la CTA. Además, consideró esencial implementar políticas para dar valor agregado a la producción primaria. “Vemos cientos de hectáreas sembradas con monocultivo pero pocos trabajadores”, describió David. “Desde la Central sentamos una postura: si hubiera decisión política de terminar con toda la explotación laboral, se saldría de esta situación. Solo hay que cumplir la Constitución y las leyes”, manifestó Vuenaventura David. Vicente Martí, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), afirmó que el empleado público cada vez está más vulnerable. Se refirió a los contratos basura y “la falta de normas claras. Aquí se presenta un problema: hay una miopía política que no permite una acción concreta para beneficiar a los trabajadores”. Reclamó que se modifique el Estatuto del Empleado Municipal, fijado por la ley provincial 6.068 del 1983. “Han pasado los gobiernos y nadie quiso tocarla. Está desactualizada y perjudica a los trabajadores”, advirtió.

Empleo precario

“Lo dije y lo sostengo: mientras continúe la escalada inflacionaria en realidad no se sienten aumentos en el sueldo de los trabajadores. Se notaría si los empresarios aceptaran dar el incremento de una sola vez. Nosotros conseguimos el 30% pero se completa recién en diciembre. De todas formas, entendemos que para la patronal es difícil hacer frente todo de golpe”, sostuvo César Guerrero, secretario general del Sindicato de Comercio. Remarcó la necesidad de que la Secretaría de Trabajo intensifique los controles: “Nuestro gremio no tiene poder de policía y necesitamos a los inspectores. Es preocupante la precariedad laboral que hay en Salta, sobre todo en el interior”.