Tras la derogación de la Ordenanza Nº 140, del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, las trabajadoras sexuales decidieron ayer realizar una marcha hasta el cuerpo a fin de solicitar que el instrumento no se ejecute.
Según lo manifestado por una de las autoras de la derogación, Frida Fonseca Lardies, para abordar la problemática de la Trata de Personas en el Concejo, se hicieron reuniones ampliadas en las que se escuchó al INADI, la División Trata de Personas de la Policía, las organizaciones sociales como la ATTTA, las Madres del Paco. Sostuvo así que "todos estuvieron de acuerdo que esta Ordenanza servirá para reforzar las acciones que lleva adelante el Municipio en la temática". "A las actoras principales jamás nos llamaron", sostuvo Sandra Rufino, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), mientras ayer se convocaba a una movilización al Concejo. La mujer aclaró que las integrantes del grupo como mujeres y madres están "en contra de la Trata". Pero entendió que medidas como las decididas en el Concejo Deliberante lo único que hacen es "mandarnos a trabajar a la clandestinidad" y, por lo tanto, generan un círculo en donde se pone en mayor riesgo a las trabajadoras sexuales sin por ello combatir la Trata de Personas. "Los que nos marginan son los mismos que nos consumen", manifestó. "Antes vino el ministro (hoy diputado nacional, Pablo) Kosiner, a decirnos que nos quería puertas para adentro y cumplimos", recordó. Sostuvo que con la nueva medida se va a justificar los allanamientos en las casas de tolerancia "que son las casas de trabajo, como decimos nosotras", lo cual dijo, ya sucedió en muchas ocasiones. "No queremos dádivas ni planes sociales…el 95 % de las mujeres son jefas de familia", sostuvo. Al hablar de su petición de una Ley que regule el trabajo sexual, indicó que actualmente, además de sufrir apremios ilegales, las trabajadoras son detenidas por siete días y deben pagar multas de 100 pesos si quieren salir de la cárcel.

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