La jueza de Faltas María Magdalena Curto se reunió con el secretario de Gobierno Mario Buezas, con el doctor Martín Azpeitia, con personal de tránsito y del Juzgado, el comisario Romano y el secretario General Pablo Perel para tratar el tema de la circulación de ciclomotores y motos e implementar determinadas medidas para revertir esta situación.
Señaló que a veces cometen figuras que rozan con lo delictivo cuando atentan y se resisten ante la autoridad en cualquier operativo, cuando le tiran un piedrazo a un inspector, cuando le tiran la moto encima o dañan patrimonio municipal o de dominio público como puede ser u móvil o algún edificio. “Entonces en estos casos tenemos que ser aún más estrictos y realmente va a tener que intervenir la fiscalía en todo lo que es atentado y resistencia a la autoridad porque acá se están configurando figuras que rozan con lo delictivo”, afirmó.
En Saladillo ya son habituales los accidentes de tránsito dado todos los días se producen dos o tres hechos de esta naturaleza. Curto indicó que esto depende de todos los que conducimos porque las autoridades no pueden abarcar todas las zonas. Refirió que a veces pasa que cuando se levanta el operativo de una esquina es en ese momento que aparece la “bandada de motos” que andan a exceso de velocidad.
Pero reconoció que no son solamente jóvenes quienes cometen infracciones sino que dijo ver a diario circular en una moto a la mamá, el papá y en el medio los hijos, lo que calificó de aberrante. “A veces van cinco, el bebé adelante, dos en el medio y uno atrás. Esto es terrible, estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros propios hijos, estamos atentando inconscientemente contra la vida de los menores porque la moto no es un vehículo adecuado para eso. Incluso van sin casco y por más que vayan prudentemente manejando, si viene otro y los atropella, esos chicos van a parar con la cabeza en el asfalto. ¿No lo piensan los papás a todo esto?”, es la pregunta que se hace la Jueza.
Este nuevo proyecto de ordenanza en el que se está trabajando es para habilitar a inspectores o autoridades a implementar cosas que aún no se han hecho y para tener respaldo después para adoptar determinadas medidas cuando quizá no están contempladas en la Ley pero que el Municipio tiene la facultad de reglamentarlo. “Hubo predisposición de los que participaron, de revertir esta situación”, agregó.
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