Los nietos y bisnietos y demás descendientes de Amalia Piñeiro de Alonso, la donante de las tierras del Tiro Federal para que allí funcionara un polígono, están a punto de frustrarle toda la supuesta previsión ideada por el intendente Francisco Torroba para hacer frente a la prestación de distintos servicios públicos, entre ellos el de recolección de basura y barrido de calles de la ciudad que dejará vacante la empresa Clear a partir del próximo mes de septiembre.
Si bien las donaciones son “actos jurídicos unilaterales y gratuitos”, existe la posibilidad de efectuar “donaciones con cargos”, es decir, creando obligaciones “de dar o hacer” impuestas al donatario, que cambian el carácter gratuito de las donaciones.
Estos cargos o imposiciones pueden estar hechas -según el artículo 1826 del Código Civil argentino- en interés del donante o de una persona cualquiera, o establecer lo que debe hacerse con los bienes donados. En este caso, la donación le impone una prestación puntual al donatario: fue hecha con la idea de que allí funcione un polígono, y prohíbe la venta o cualquier otro uso.
En el proyecto de ordenanza que el intendente Torroba envió al Concejo Deliberante durante la semana pasada -solicitando autorización para efectuar la subdivisión y parcelamiento de una porción de la propiedad conocida como “Tiro Federal”, para una futura venta-, dejó expresamente señalado que “generará un recurso extraordinario en las arcas comunales el cual será destinado a la adquisición de bienes de capital referidos a la prestación de servicios públicos”.
De ahí el impacto del reclamo de los herederos de Amalia Piñeiro de Alonso para que no se venda, al menos si antes no hay un “arreglo no judicial” con ellos.
Ese dinero, se suponía, iba a ser invertido para la puesta en funcionamiento del servicio de recolección de basura y barrido de calles que dejará vacante la empresa Clear en el mes de septiembre.
De todos modos, la cuestión no está exenta de una larga discusión jurídica. “Desde el punto de vista legal el tema es muy discutible, por eso es tan controversial... es como tener un pagaré, te tenés que presentar en la Justicia y ver si te dan o no la razón”, ejemplificó a este diario una fuente que conoce el caso de cerca.
Negocio
inmobiliario
El negocio inmobiliario de la venta de los terrenos donde está emplazado el Tiro Federal es millonario: alcanzaría los 20.000.000 de pesos. Son más de 62.000 metros cuadrados (seis hectáreas) que pretenden venderse a través de una subasta o por licitación pública.
La zona donde se ubica el Tiro Federal, a la vera del acceso a la capital pampeana por la Ruta Nacional 5, es una de las más caras de la ciudad.
El proyecto remitido al cuerpo deliberativo señala que “es menester del municipio proceder a la urbanización de una importante área de la ciudad, según consta en fs. 40/43 del expediente municipal Nº 10231/2005, donde obra el boleto de compraventa celebrado entre la Municipalidad de Santa Rosa y el Estado Nacional Argentino-Ministerio de Defensa-Estado Mayor General de Ejército, mediante el cual se adquirió una porción de la propiedad conocida como “Tiro Federal”, con una superficie total de 62.246,67m2”.
“Esto redundará -señala el proyecto- en un beneficio de los vecinos ya que el planeamiento urbano de la ciudad requiere la optimización de la utilización de los recursos territoriales, debiendo garantizar nuevas áreas de poblamiento que se encuentren en zonas donde se pueda garantizar la prestación de los servicios esenciales y que no impacten de forma negativa en otras zonas de la ciudad”.
“La venta de bienes privados municipales, condición previa e indispensable para su urbanización, generará un recurso extraordinario en las arcas comunales el cual será destinado a la adquisición de bienes de capital referidos a la prestación de servicios públicos”, añade.
Destaca que “es competencia del municipio garantizar la prestación de servicios que aseguren y mejoren la calidad de vida de los vecinos de la ciudad. Para el logro efectivo de la prestación de dichos servicios es condición sine qua non el mantenimiento básico de la infraestructura material garantizada a través del óptimo equipamiento de maquinaria y bienes que, también, resulta en una mejora en las condiciones laborales del personal”.
Un arreglo
“no judicial”
En realidad, la controversia por los terrenos del Tiro Federal se inició en el año 2002 cuando el entonces intendente Oscar Mario Jorge desalojó a la “Asociación Polígono de Tiro” a partir de las quejas de los vecinos del lugar. Desde ese momento, se empezó a incumplir con “el cargo” de la donación.
Cuatro años después, el intendente Néstor Alcala también intentó echarle mano -al igual que Torroba- a la suculenta suma de dinero que podría surgir a partir de la venta de los terrenos. Entre 2006 y 2007 se intentaron abrir un par de calles para dividir el predio desde la avenida Palacios, pero las quejas de los familiares de Amalia Piñeiro de Alonso pusieron fin a la iniciativa.
De hecho, desde esa fecha -según pudo saber este diario- consta un expediente en el Juzgado Federal de Santa Rosa en el que se pide que se mantenga el lugar en las condiciones originales en que fue donado.
“El reclamo con esta gestión (en referencia a la administración de Torroba) es para darle una solución no judicial al tema... por eso es que se vienen realizando diferentes charlas informales con la comuna, para encontrar una salida que beneficie a ambas partes”, confió la misma fuente consultada por este diario.
De los herederos de Amalia Piñeiro de Alonso habría sólo uno de ellos viviendo en Santa Rosa actualmente, el resto está radicado en diferentes puntos del país.
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