El “efecto Cromañón”, siete años después, sigue generando derivaciones. En este caso son económicas y tienen relación con la seguridad de los edificios de la ciudad de Córdoba, donde los administradores denuncian que la adecuación a las normas vigentes implica un desembolso de no menos de 300 mil pesos por cada edificación.

Esto, teniendo en cuenta que son cerca de cinco mil las construcciones implicadas, se traduce en un gasto, inversión o negocio (según desde qué perspectiva se mire) de unos 1.500 millones de pesos.

Los principales problemas expresados por los administradores son los relacionados con la obtención del certificado de Bomberos para los edificios levantados antes de 2005 (previo a Cromañón), condición clave para conseguir el permiso municipal.

Esa habilitación se rige por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene 19.587, que exige a todos los edificios, entre otros elementos, escaleras presurizadas separadas de los palieres y –para torres medianas y grandes– sistemas húmedos de extinción de incendios con la construcción de una cisterna propia.

Todo ello, sumado a nuevas reglamentaciones en lo que hace a las conexiones de gas y la renovación del parque de ascensores, implica una serie de desembolsos que los propietarios consideran, en el mejor de los casos, “impagables”.

“También existen limitaciones de carácter constructivo que vuelven la obtención del certificado algo imposible en muchos de los casos. El tema es que esto afecta al 95 por ciento de los edificios anteriores a 2005, que son, por lo menos, el 80 por ciento de las construcciones en altura que hay en la ciudad”, detallaron a Día a Día desde la Cámara de la Propiedad Horizontal de Córdoba.

Para los directivos de la entidad –que prefieren hablar “en nombre de la Cámara para evitar represalias” de los inspectores–, “las otras exigencias son materializables y muy necesarias (como extintores, plan de evacuación y capacitación de los encargados), pero hay construcciones a las que habría que tirarlas y hacerlas de nuevo para poder hacer la caja para los ascensores como hoy se exige”.

“Certificaro”. Todas las reglamentaciones existen desde hace décadas, pero no fue hasta el fatídico 30 de diciembre de 2004 (la tragedia del recital de Callejeros en Buenos Aires) que se ajustaron los controles. “Antes no era condición el certificado de Bomberos para la habilitación de la Municipalidad o, al menos, no se exigía”, precisaron desde la Cámara.

“El tema es que ahora cada vez son más rigurosas las inspecciones, con intimaciones y derivaciones a la Justicia de Faltas que está ahogando las finanzas de los consorcios”, lamentaron.

En un comunicado presentado a los candidatos a intendente el año pasado (Ramón Mestre incluido), la Cámara decía: “Resulta imprescindible considerar a los edificios ya existentes en forma diferenciada y especial, definiendo tiempos de adecuación factibles y lógicos”. Para la entidad, las consecuencias de la situación actual, con inversiones (monetarias y técnicas) imposibles de afrontar “está provocando que muchos desistan de ejecutarlos, cayendo en la ilegalidad”.

Un ejemplo concreto lo conforman los locales comerciales y de oficinas que están en este universo de torres de la ciudad. “Al no poder dar cumplimiento a este conjunto de exigencias, los locales no logran su habilitación.

Este panorama genera una perspectiva de conflictividad ya que los propietarios de los locales pueden demandar por perjuicio sufrido al consorcio, con inimaginables y caóticas consecuencias”, detallaron en el informe.

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Quieren una nueva ordenanza

La Cámara de la Propiedad Horizontal está materializando reuniones con representantes de los distintos bloques legislativos en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba con el fin de acelerar el tratamiento de una ordenanza que regule específicamente las condiciones de seguridad de los edificios.

“Esto debería hacerse en el marco de reuniones entre todas las partes involucradas, tanto la Cámara, como Bomberos y la Municipalidad”, dicen los representantes de los consorcistas.

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“Muchos edificios sin habilitación”

Desde Bomberos, su titular, Gustavo Folli, reconoció a este diario que “hay muchísimos” edificios de la zona céntrica que aún no tienen la habilitación porque deben completar los requisitos que exige la ley 19.587. “Son medidas que deben garantizar la evacuación de la totalidad de los habitantes del edificio”, agregó.

Según Folli, a diferencia de lo que dicen desde los consorcios, si técnicamente no se puede lograr la hermeticidad de las escaleras (el mayor gasto que denuncian los administradores), “los edificios deben contratar a un especialista en higiene y seguridad para que diseñe una alternativa y la presente en Bomberos para su análisis. Lo importante es garantizar la seguridad de la gente y las medidas de autoprotección”.

Según el director de la fuerza, “podría ser un sistema de detección temprana que haga sonar la alarma, por ejemplo, pero debe ser algo razonable y lógico”.

“Nosotros, además, le podríamos pedir minimizar los riesgos de incendio con un certificado de un ingeniero electricista que garantice que todo el edificio está en perfectas condiciones”, detalló el bombero.

Más allá de las declaraciones de Folli, tanto los administradores como los representantes del Colegio de Ingenieros Civiles coincidieron en que obtener la venia de Bomberos para las torres anteriores a 2005 “es muy difícil”.

“Nuestros ingenieros son tan idóneos como los bomberos como para poder proyectar y saber las medidas de seguridad que hacen falta. Sin embargo, nos rechazan muchos proyectos. Es muy complicado”, indicó Nicolás Alexandroff, vocero del cuerpo colegiado.

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Un problema en altura

Antes de Cromañón. El problema reseñado por los consorcios cordobeses lo tienen los edificios construidos antes de 2005, cuando las exigencias para lograr el visto bueno de los proyectos edilicios eran otras. Se trata de unos 5.000 edificios en toda la ciudad capital.

Adecuación. Entre las exigencias requeridas, está la presurización de la caja de las escaleras (lo que garantiza un espacio libre de humo y gases para poder descender). En la mayoría de los edificios antigüos la escalera está integrada a los palieres, lo que en muchos casos hace estructuralmente imposible la aislación exigida por ordenanza. En los que sí se puede, el gasto se considera imposible de pagar por los dueños de departamentos.

Agua. En los edificios medianos y grandes la normativa exige un sistema de cañerías separadas del resto en todos los pisos y una cisterna de almacenaje de agua de entre 20 y 30 mil litros. Los consorcistas alegan que en muchos edificios, además del costo elevado, no hay lugar para construir el tanque.

Otras exigencias. En el caso del resto de los requerimientos, como luces de emergencia, disyuntores diferenciales, sistemas de señalización, plan de evacuación y capacitación del personal de portería, los administradores dicen que se pueden afrontar porque son material y económicamente factibles.

Inspecciones. El problema se ha acentuado ahora porque el municipio comenzó a ajustar los controles y desde la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral llegan intimaciones permanentes a los consorcios cordobeses. En la mayoría de los casos es por falta la habilitación de Bomberos, que debe renovarse cada dos años.

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30.000.

Litros de agua deben almacenar los edificios ante posible incendios. Pero muchos no tienen dónde hacerlo.