Uno de ellos dejó sin una figura gremial a cargo, es el conflicto petrolero que sacó a su Comisión Directiva regida por Chaco Segovia y logró luego de varios días que el Sindicato Petrolero por estos días se vea afectado por una Intervención.

Aunque en un principio los obreros petroleros se opusieron a que el gremio fuera Intervenido por orden de la justicia, la resignación llegó a un punto límite, en el cual a lo largo del tiempo llevó consigo a cientos de despidos en la provincia.

Primeramente el conflicto se llevó a cabo tras exigir el CCT, con una asamblea multitudinaria los obreros a mano alzada pidieron destituir a la Comisión Directiva que por esos días era comandada por Héctor Chaco Segovia y otros.

Tras casi un mes llegó la orden del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Justicia de Federación interviniera el gremio para “conservar la paz social” en la región y por supuesto para que aquellos que no acataron la conciliación obligatoria vuelvan a trabajar.

Luego de unos meses de estar intervenido el gremio, llego otro conflicto donde los trabajadores se volvieron a reunir en la ruta provincial Nº 12, esta vez fueron lo menos los que pidieron a la intervención que se fuera y se llamara a elecciones.

Desesperación y toma del gremio

En un intento desesperado por oponerse a la intervención judicial del gremio, el secretario general suspendido, Héctor Segovia, ocupó las sedes del sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz en las ciudades de Caleta Olivia, Las Heras y Río Gallegos.

El reclamo gremial tuvo además impacto en el escenario político local, dado que el gobernador Daniel Peralta se ganó el rechazo de un sector petrolero por haber impulsado, por medio de la Justicia, la suspensión de toda la comisión directiva del gremio, esas fueron una de las causas por las que el actual gobernador perdió la elección en la zona norte de la provincia.

Los llamados disidentes quisieron que Segovia sea expulsado del gremio y así fue. Esa era una de las condiciones para que los obreros levantaran el paro petrolero que afecto históricamente a la provincia y a una nación en más de $80 millones de pérdidas.

Asumió la intervención del gremio petrolero Carlos Flaquier, delegado normalizador de la Federación Sindical del Petróleo y Gas Privados.

Conflicto docente

El conflicto docente impulsado por la Adosac por un aumento que llegó apenas a un 15%, duró un poco más de 45 días.

Caminatas, marchas de padres y alumnos fueron el escenario que tuvo la provincia por varios días, el gobierno se mantuvo firme y el gremio no acató la conciliación obligatoria por lo que tuvo que intervenir nuevamente la justicia en un conflicto que llevó a los chicos a perder casi medio año de clases.

El conflicto entre la Adosac y el gobierno provincial comenzó casi al mismo tiempo que el petrolero, en el mes de abril.

El gremio decidió el 12 de abril llevar a cabo un paro por tiempo indeterminado, esta medida se inició luego de que la Adosac no obtuviera el 50% de aumento en sus salarios.

El gobernador, inflexible por esos días manifestó tras llevarse un reunión paritaria que se reunían porque “lo pidieron ellos” (docentes) y que el 50% de aumento era inalcanzable.

El gremio, por su parte, a través del Secretario General Pedro Muñoz, expresó que las medidas establecidas fueron decididas en asamblea y de la misma manera lo que surja de las paritarias en el día de hoy será puesto a consideración del Congreso que dirá si acepta o no lo que allí se resuelva.

Muñoz dijo no entender cómo el gobierno llama a paritarias si de antemano el Gobernador sale a decir que el porcentaje es inalcanzable, no obstante sostuvo que ADOSAC está abierta a escuchar propuestas y otras ofertas.

Recordemos que además de la exigencia salarial, desde el 12 de Abril, existió otro elemento más que alimentó el conflicto; ya que la ADOSAC pidió y exigió inmediata resolución del caso con los responsables de la golpiza en 28 de Noviembre.

El gobierno por esos días señaló que “no es resorte del Ejecutivo determinar plazos, culpabilidades y responsabilidades, sino que lo debe hacer la justicia”.

En este sentido el gobernador expreso que “si el paro es hasta esperar el fallo de la justicia, quiere decir que los chicos pueden perder el año de clases, porque nosotros no manejamos los tiempos de los jueces y la Justicia, como órgano independiente, no va a fallar solo para resolver un problema que tenemos con el gremio”.

Llegó el tiempo en que tanto padres como alumnos exigieran volver a las aulas, y tras una determinación del juez Arenillas de judicializar el conflicto los docentes decidieron flexibilizar la medida y volver a clases.