El 20 de noviembre, exactamente en una semana más, el país se someterá una vez más a una manifestación de reclamo contra el gobierno de Cristina Fernández que, se cree, será multitudinaria.

Esta vez no se tratará de una movilización espontánea, desprovista de dirigentes conductores o de sectores políticos detrás de su logística o sólo apuntalada por las redes sociales. Será convocada por dos gremios poderosos: la CGT crítica que conduce el camionero Hugo Moyano y la CTA disidente, comandada por Pablo Micheli.

Ayer, ambos dirigentes consiguieron, sin más, apoyo de los sectores ruralistas históricamente opuestos a Balcarce 50 desde que el gobierno de Cristina Fernández implementó las retenciones a las exportaciones de cereales.

La CGT, la CTA disidente y el campo, entonces, pararán el país protestando porque no se autoriza la suba del Mínimo no Imponible de Ganancias, por las jubilaciones, por la unificación del régimen de asignaciones familiares, un aumento de emergencia para jubilados y autónomos y el pago de un bono especial para los trabajadores en compensación por el impacto del Impuesto a las Ganancias.

Por supuesto que se trata de una manifestación de fuerza de un sector político-gremial opuesto férreamente a Cristina.

Pero los motivos exceden a esos sectores y el Ejecutivo, luego del 8N y de lo que se viene para el 20, debería comenzar a tomar nota del descontento.