El próximo viernes 30 de abril, cuando vencerá el DNU presidencial que ordenó restricciones por la segunda ola de coronavirus, es fecha cierta para saber si el Gobierno extenderá la excepcionalidad sanitaria que pesa sobre las actividades, pero también se transformó en norte para la Corte Suprema de Justicia, que deberá fallar si continúa la presencialidad en las aulas o se retoma la virtualidad en el AMBA. En síntesis, un “Superviernes”.

La población angustiada y confundida de la región metropolitana ante la escalada de contagios, la escasez de vacunas y la contienda tribunalicia entre la Nación y la Ciudad se aferra a ese día para conocer qué suerte correrá la educación de los estudiantes.

Según establecen los plazos judiciales, el Gobierno a través de sus abogados se presentará este lunes o en las primeras horas del martes ante el máximo tribunal del país para defender la constitucionalidad del artículo 2 del decreto presidencial 241, que suspendió por 15 días las clases presenciales en el AMBA.

La Corte Suprema, una vez que se presente la administración central, correrá vista a la Procuración General de la Nación para que dictamine en el marco de la presentación. La jefatura de fiscales podría entregar su dictamen en el mismo día de su recepción, tras lo cual el máximo tribunal estará en condiciones de fallar. Y los jueces podrían, si juntan al menos tres voluntades, tomar una decisión esta semana.

El Gobierno ¿cambia? a una posición intermedia

Pero más allá de los tiempos judiciales, el Gobierno evalúa una eventual solución al conflicto que mantiene con la administración de Horario Rodríguez Larreta: una “presencialidad administrada”.

El Presidente, tras contradecir con el DNU la posición pública al respecto de su ministro de Educación, Nicolás Trotta, aceptó una propuesta en ese sentido de su funcionario, que se terminará de definir esta semana en una reunión del Consejo Federal de Educación y que apunta a escalonar en grupos la continuidad en las aulas: restricción parcial de la asistencia de los alumnos que permita bajar la circulación en las calles.

En esa línea, la estrategia oficial fue reunir el aval de gobernadores en actos de corte federal, debido a que el vínculo con Horacio Rodríguez Larreta se truncó cuando el jefe de gobierno porteño apeló a la Justicia para sortear el artículo 2 del DNU 241.

Por ejemplo, en el marco de anuncios de medidas sectoriales y una reunión del Gabinete Federal en Rosario, Alberto Fernández se mostró rodeado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y funcionarios nacionales y provinciales.

Posición de la administración de Rodríguez Larreta

El gobierno porteño planteó ante la Justicia que el DNU presidencial viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En su presentación advirtió sobre una “virtual intervención federal porque (el Ejecutivo nacional) se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.

La administración capitalina consideró también que la suspensión de clases presenciales en la región metropolitana “es una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias”.