Entendiendo que “es importante este pedido que se hace, no tienen por qué sentirse ofendidos los Legisladores oficialistas, solo se está solicitando información concreta de cómo se interpretó el articulado de la Ley Gaucho Rivero”.

Entre los puntos aprobados, se destacan “cuáles han sido las naves o buques que fueron impedidos de amarrar en el Puerto de Ushuaia desde la promulgación de la Ley 852, y los motivos de cada incidente”; se proceda a indicar “el listado de buques arribados al Puerto de Ushuaia de bandera inglesa o de conveniencia, sean estos de turismo, logística, de explotación de recursos o comerciales durante la temporada 2011-2012”, entre otros.

Lechman mencionó que “todos estamos de acuerdo con la defensa de la soberanía nacional y todo lo que ello significa, especialmente para los fueguinos como son las Islas Malvinas, pero hoy día resulta imperioso conocer las causas de por qué una misma Ley Provincial es interpretada de dos modos diferentes en un corto lapso”.

Al respecto, recordó que el crucero Star Princess, que no pudo amarrar en el Puerto de Ushuaia el pasado mes de febrero, sí lo hizo sin inconvenientes el jueves 12 de enero. “No pueden existir librepensadores cuando se trata de interpretar una Legislación. La Ley 852 fue sancionada el 25 de agosto de 2011 y promulgada con su publicación en Boletín Oficial el 14 de septiembre mediante Decreto 2108. De esa fecha al momento, hubo dos interpretaciones incongruentes. Me pregunto entonces cómo es que en seis meses de promulgada la norma, no hubo un criterio único para estos casos”.

Por último, rechazó categóricamente los dichos de su par del bloque del Partido Social Patagónico, Fabio Marinello, expresando al respecto “que el legislador (Marinello) sostenga como único argumento que el año pasado, cuando se debatió la Ley 852, nadie de los que hoy la cuestionan lo hayan hecho en ese entonces. Es lógico que esa Ley no podía ni puede generar críticas desde el momento en que no estaba prevista una situación como la que se dio. Un Gobierno que permanentemente tiene un discurso con un fuerte eje en la legalidad de los actos públicos de la administración, no puede actuar con criterios divergentes a la hora de interpretar lo que dice una Ley Provincial”, finalizó.