En el texto, se indicó que “la expropiación de lo público iniciada por la dictadura militar y consolidada en los 90 por las políticas neoliberales, tuvo su expresión más visible en la enajenación de los bienes y servicios del estado. Pero tuvo otra dimensión, menos visible pero más decisiva para la vida de los argentinos, consistente en la expropiación de la capacidad de los poderes e instituciones públicas a que fue llevando la concentración monopólica de los medios de comunicación en unos pocos grandes grupos económicos y mediáticos”.

A renglón seguido, se recalcó: “La ley de servicios de comunicación audiovisual instaló el debate sobre los medios de comunicación en la Argentina, un tópico que para nuestra central de trabajadores es y fue prioritario en los debates de sobre el futuro y presente de las comunicaciones en nuestro comunidad. Sabemos de la importancia estratégica de los medios de comunicación en la instalación del relato social y en la confección de la agenda pública”.

Además, se añadió que “la profunda penetración del cable en los hogares de los argentinos, especialmente del grupo Clarín con Cablevisión -que ubica a nuestro país entre los de mayor utilización del sistema de TV por cable- nos da la pauta de la importancia superlativa que tienen los monopolios mediáticos en la formación de la opinión pública”.

Al mismo tiempo, se subrayó que “las Luchas populares de estas últimas décadas tuvieron como horizonte la recuperación de la autoridad democráticamente establecida, del control de la iniciativa del Estado en los resortes claves del desarrollo nacional y de las políticas públicas como instrumento para la redistribución de la riqueza y la inclusión. La ley de servicios de comunicación Audiovisual es uno de los más claros productos de estas luchas por la democratización social. Lo es por el proceso de su gestación y aprobación, que implico la participación de todos los poderes del estado (el Ejecutivo, que recogió una demanda social largamente debatida y la convirtió en un proyecto de ley; el lLegislativo que la sancionó con holgada mayoría, la Corte Suprema de Justicia que reafirmo los plazos para el proceso de desinversión y confirmó que esta ley cuida la libertad de expresión)”.

“Desde la CTA crea que va a posibilitar la construcción democrática de un espacio público-la comunicación. Que es vital para la conformación de una sociedad plural y de plenos derechos para todos”, concluye el comunicado.