Desde hace varios años, fueron muchas las promesas –algunas a plazo fijo– sobre la firma del instrumento, pero luego de varias demoras, el 20 de mayo pasado la presidenta Cristina Fernández le puso el gancho al decreto 699/10, que "extiende por el término de 2 años el plazo de vigencia de los beneficios promocionales en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado, acordados en el marco de la Ley 22021", aunque con bemoles.

Para el Gobierno provincial, el objetivo de mínima con el decreto 699 está cumplido. Esto es, llevar tranquilidad a las empresas ya radicadas en la provincia para sus ampliaciones y nuevas inversiones. Ese fue el principal mensaje que el propio Luis Beder Herrera le transmitió a UNIR a la vuelta de Buenos Aires.

Sin embargo, esa norma emitida por el Ejecutivo nacional no cumple suficientemente con otro de los objetivos del Gobernador, que es atraer a nuevas empresas para que vengan a invertir a La Rioja. Beder Herrera expresó esta idea muchas veces antes de la firma del "Acta de reparación histórica", que fue como se bautizó al paquete que formaban el decreto, junto con obras y fondos extracoparticipables.

En principio, los beneficios referidos a la masa salarial no alcanzan para hacer atractivo el traslado o la apertura de una unidad productiva lejos de los grandes centros de consumo. La idea de Beder es que los nuevos emprendimientos tengan las mismas facilidades impositivas que fija la Ley 22.021, esto es exenciones en IVA y Ganancias durante quince años.

Por esto y otras cuestiones, como el filtro que pone la Nación en la aprobación de los proyectos a través del dictamen del Ministerio de Industria, de entrada se consideró la necesidad de replantear varios aspectos del decreto, a fines de hacerlo más efectivo.

En este punto, la provincia de Mendoza, que ya se había manifestado en reiteradas ocasiones en contra de estos beneficios promocionales, cabe aclarar, para las otras provincias involucradas (Catamarca, San Juan, San Luis y Santiago del Estero) decidió tomar la vía judicial. El miércoles pasado, el fiscal de Estado adjunto Joaquín de Rosas y el asesor de Gobierno César Mosso Giannini se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presentaron un recurso de amparo contra el decreto 699. En el escrito, solicitaron que el máximo Tribunal expida una declaración de certeza por la inconstitucionalidad y nulidad del decreto y, a la vez, presentaron una acción cautelar para frenar la aplicación de la medida.

El texto de las dos presentaciones judiciales está guardado bajo siete llaves, así que no se conoce en detalle su contenido. Los funcionarios mendocinos afirmaron en los medios que la Constitución establece que cualquier resolución sobre la coparticipación federal de impuestos debe ser votada por el Congreso. "No hay ninguna delegación expresa del Congreso para que se reinstaure la promoción industrial", explicó Mosso Giannini.

Mendoza apunta, entonces, a cuestionar la facultad de la presidenta de disponer beneficios a partir de la utilización de los impuestos nacionales.

La promoción en jaque

Esta movida judicial fue precedida por fuertes declaraciones del gobernador Celso Jaque y de varios de sus funcionarios. Incluso, el vicepresidente y ex gobernador de esa provincia Julio Cobos, de visita por la provincia, dijo que esta cuestión se debe debatir en el Congreso. "El tema debemos analizarlo cuidadosamente e insisto, sería bueno un tratamiento por ley del tema", dijo el Vicepresidente.

La reacción fue durísima e inmediata. Esa noche, en el Espacio 73, se reunieron representantes de todos los sectores para expresarse a favor de la Promoción Industrial y fustigar al Gobierno de Jaque por intentar torpedear el beneficio a través de la Justicia. Encabezado por Beder Herrera, el acto reunió a todo el oficialismo y a casi todo el arco político (faltaron las expresiones de izquierda), incluido el radicalismo. Funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, empresarios y sindicalistas, se reunieron para manifestarse contra los cuestionamientos de los cuyanos.

Entre los oradores más enfáticos estuvo el diputado radical Guillermo Galván, quien sostuvo que "la lucha por la Promoción Industrial es de todos" y pidió un debate nacional para lograr un equilibrio entre las provincias. En tono jocoso, el diputado por Arauco Nicolás Martínez, al hacer uso de la palabra remarcó las coincidencias y llamó "compañero" a Galván, lo que da una medida de la sintonía que hubo en los discursos de esa noche.

En el cierre, el Gobernador aseguró que "tenemos las razones históricas, jurídicas y sociales para defender el decreto". Incluso opinó que el juicio puede ser útil "para traer claridad sobre las necesidades y la situación que tiene La Rioja, sobre todos a los líderes políticos de otras provincias".

Nuevos encuentros

Los encuentros por la Promoción Industrial seguirán en los próximos días. Para el martes, se están organizando reuniones entre legisladores y sindicalistas de las cuatro provincias, incluida San Luis, para evaluar los pasos a seguir ante el embate de los mendocinos. La propuesta es que desde distintos sectores se hagan aportes para avanzar en la defensa del decreto 699; los legisladores podrían emitir una declaración conjunta con sus pares de las otras provincias.

La realidad es que no será una tarea sencilla. Lo que en La Rioja se percibe como una postura intransigente de Jaque ante la Nación, en su provincia parece poco; las empresas le reclaman una postura aún más enérgica y lo forzaron a cambiar su intención inicial de negociar amigablemente con la Presidenta para pasar a la vía judicial. Como prueba basta un botón: el amparo lleva las firmas de 18 cámaras empresarias locales.

La decisión de la Provincia de presentarse como parte en el amparo ya fue anunciada. Durante el acto realizado en el Espacio 73, fueron varios los que recordaron que Cobos, cuando fue gobernador, ante una situación similar acudió a la Justicia y terminó arreglando por mil millones de pesos; algunos consideran que este asunto podría terminar del mismo modo.

Entre los funcionarios encargados de comandar esta complicada operación hay optimismo. "Vamos para adelante", afirman convencidos. Mientras tanto, el Gobernador les pidió a las empresas que avancen con las inversiones, para darle a la presidenta una señal inequívoca de la voluntad de quedarse en la Provincia. Resta esperar y ver si los empresarios le hacen caso y meten la mano en el bolsillo para demostrar su compromiso.