En el proyecto de resolución, que tomará estado parlamentario mañana, Boggio considera que el Gobierno deberá concurrir al mercado financiero utilizando los mecanismos dispuestos por las leyes vigentes. Es decir que el crédito que se tomará, a su criterio, deberá ajustarse al decreto de usura, que establece que el Costo Financiero Total (CFI) no podrá superar el 7% anual que cobra el Banco de la Nación.

"Es necesario pensar que, si por un lado se habla de que la Provincia está financieramente complicada, razón por la cual el Ejecutivo solicitó la ayuda económica, deberá acompañar esta decisión cuidando también los intereses en las cuentas que vamos a asumir", dijo el senador.

Aredes explicó que, luego de declararse desierto el llamado a licitación pública por falta de oferentes, la Provincia está facultada para contratarlo en forma directa con las entidades bancarias que considere apropiadas. Y que, a diferencia del decreto contra la usura, el Sistema de Crédito Público no fija un tope sobre en la tasa de interés.

En ese marco, remarcó que, por tratarse de un crédito público, nada tiene que ver con lo que propone Boggio, y aseguró que en la negociación crediticia se están cumpliendo todos los pasos establecidos por las leyes vigentes.

"En estos días vamos a abrir las negociaciones con los bancos. Todavía no está nada definido, porque hay que cumplir primero con los tiempos administrativos que demanda una operación de este tipo", expresó Aredes a El Ancasti.

Recordó que los $300 millones ya estaban incluidos y aprobados dentro del Presupuesto 2012 y que la Provincia podía tener un endeudamiento máximo de $388.619.980 para la ejecución de obras.